La rápida digitalización que vivimos, máxime desde la covid-19, provoca desigualdades territoriales y sociales entre quienes no tienen garantizado el derecho de acceso a internet y a las tecnologías de la información y de la comunicación. Este trabajo trata de estudiar el derecho de acceso a internet y a las tecnologías que lo posibilitan, en el contexto español, de defender la igualdad de oportunidades y posibilitar los derechos fundamentales en el siglo XXI, al presentar un derecho de acceso a internet asentado en principios amplios que conviertan al Estado en el obligado y custodio, a las compañías en las responsables y a los ciudadanos en sus titulares, prestando una especial consideración a los colectivos vulnerables.