Introducción

Los sistemas sociales actuales están sometidas a un profundo proceso de diferenciación social y funcional. Lo que implica que cada uno de los diversos subsistemas sociales van adquiriendo creciente autonomía con respecto a los otros; haciendo poco plausible la clásica noción de la sociología ilustrada que, por ejemplo, a través de la política es posible representar la unidad de la sociedad.

La última afirmación plantea el cuestionamiento del Estado y de la política como instancias generales de representación y coordinación de la sociedad. Al respecto, N. Lechner afirma que en un contexto como el señalado; en que una coordinación policéntrica acota el ámbito de la política como instancia coordinadora de los procesos sociales, queda por redefinir no sólo el lugar sino el valor mismo de la política.

La emergencia de una sociedad sin centro que regule, integre y coordine los distintos sistemas de vida social plantea un problema fundamental para la teoría social y política de fin de siglo. Dado que en estos procesos de diferenciación funcional de sistemas societales -incluidas las emergentes- el Estado deja de ocupar un rol central, la política pasa a ser una de las funciones de la sociedad; la economía se autonomiza y entra en su propia dinámica autopoiética. El Estado deja de ser un orientador fundamental de la actividad económica y pierde su carácter tutelar de la iniciativa privada. Observamos al Estado perdiendo su unidad monolítica, y finalidades históricamente reconocidas; como afirma acertivamente D. Rodríguez (2) se pasa del Estado modernizador a la necesidad urgente de lograr la modernización del Estado.

En los últimos años ha crecido en legitimación la noción de que es a través de amplios y profundos procesos de descentralización del Estado en que podrá avanzarse en la configuración, desarrollo y consolidación de instituciones mediatizadoras que puedan actuar como canales adecuados de participación en el marco de las nuevas características que presenta la sociedad funcionalmente diferenciada y, que al mismo tiempo, permitan, contrarrestar las tendencias a la privatización de la política y a las que favorecen la intervención ética y política de la economía.

Hay un importante grado de acuerdo al momento de señalar el Estado se le hace cada vez más difícil combinar coherentemente sus políticas desde un modelo centralizador, lo que redunda en un importante conjunto de tensiones en sus procesos de reforma, es el caso de la descentralización, la que marcha a contramano de lo que ha sido la tendencia centralista histórica dominante en la constitución del Estado moderno en América Latina, y que sólo en los años recientes ha tomado impulso.

La descentralización ha constituido una aspiración socialmente sentida en nuestros países desde hace muchos años, pero que no ha sido constitutiva de la tradición política de América Latina; sólo en los últimos años este proceso va tomando forma y contenido con una celeridad antes no observada, y que hoy aparece mediatizada por la existencia de un nuevo contexto en que se genera una reestructuración de la economía a escala mundial que esta teniendo efectos significativos en nuestros países.

Hay que destacar que referido centralismo histórico latinoamericano ha estado afecto a diversos intentos reformistas durante este siglo; mediante las cuales se pretendió romper con dichas las concepciones que eran no sólo carácter históricas sino también de tipo territorial (3). Para J. Ahumada éstas concepciones en la actualidad están haciendo crisis debido a la presencia de altos niveles de exclusión, elitismo y concentración; obligando a los gobiernos a realizar reformas a través de estrategias descentralizadoras, fundamentadas en la regionalización, la municipalización y el fortalecimiento de los poderes locales.

Las expectativas sobre la descentralización en los últimos años y, por consiguiente, la redemocratización a partir de ese eje de las sociedades latinoamericanas ha desbordado sus énfasis y proyecciones que la caracterizaron hacía los años 50. De hecho, mientras en los anos 50 y 60 el término aludía a la planeación estatal y la administración pública, en los últimos quince años se ha venido a entender bajo "descentralización" un amplio espectro de reformas económicas, administrativas y, sobre todo, políticas que apuntan a un ajuste de la regulación estatal frente a la sociedad (4).

Pero las evidencias acumuladas en las últimas dos décadas respecto a los reales alcances de éste proceso en diversos países; muestran que los esfuerzos en este campo hasta mediados de los ochenta han sido más bien dispares y que, por ejemplo, el dar mayores atribuciones a los gobiernos locales están lejano de ser la solución única para resolver todas las ineficiencias del sistema central y las limitaciones del subdesarrollo (5).

También se han alzado voces para cuestionar las reformas institucionales del Estado en cuanto no han satisfacer las expectativas creadas acerca de una mayor estabilidad del modelo democrático o de asegurar la gobernabilidad de las sociedades de la región. Una de esas críticas apuntan hacía los énfasis jurídicos-administrativos en que ha redundado la reforma institucional; focalizando los cambios en las instituciones estatales sin que ello haya implicado repensar el sistema político y, además, realizados desde el centro del poder político y tecnocrático (6).

Otros autores han puesto en duda los reales alcances de la emergencia de los procesos descentralizadores y, particularmente, su impacto para revertir las situaciones de heterogeneidad estructural que presentan los países latinoamericanos; específicamente, C. De Mattos (7) abrió un fuerte debate en tal sentido a finales de los ochenta advirtiendo de una supuesta ingenuidad y repetición de errores que algunos autores estarían cometiendo al reivindicar a ultranza la descentralización.

Lo cierto es que discusión sobre la descentralización ha llegado para establecerse en la región, pues en casi todos los países surge una demanda por descentralizar. Este hecho, reconoce D. Nohlen (8) debe su importancia no sólo a la circunstancia que marca el quiebre con una especie de tradición secular, incorporada a la cultura política de América Latina, sino que aparece vinculado a problemas muy actuales y variados. Así, no parece ajeno, por lo menos en muchos casos, a los problemas del desarrollo democrático (profundización y consolidación de la democracia) o al desafío de superar la crisis económica y social de los años 80 ( la "década perdida") o, en fin, al propósito de reestructurar el Estado y sus funciones.

Por tanto, hay que considerar que el análisis de los procesos descentralizadores en la región se constituye en un proceso complejo de diferenciación del sistema político. Su examen debe necesariamente considerar la heterogeneidad de experiencias y resultados como por los escenarios socio - políticos y económicos en que éstos procesos han tenido lugar y, dado que éste ámbito incluye lo económico, lo político y social y administrativo de forma simultanea.

La Descentralización: Las Complejidades de un Concepto

Para S. Boisier (9) la descentralización en cuanto proyecto político que se extiende está matizada por una importante confusión que acompaña a sus planteamientos. A su juicio, la comprensión y puesta en escena del proceso descentralizador implica reconocer cuatro megatendencias emanadas de los contextos globalizadores que hoy observamos y son cruciales para favorecer los procesos en cuestión.

La primera, corresponde a la revolución científica y tecnológica y sus variados impactos en la producción, de la información y el transporte. La cual ha dado lugar a una nueva forma de estructurar la economía, la organización industrial, el quiebre del sindicalismo a gran escala, la preeminencia de los insumos de los conocimientos sobre los insumos tradicionales (10) y, finalmente, por el lado del asentamiento territorial del nuevo parque industrial. En segundo término, los procesos de reestructuración política del Estado y Administrativa del gobierno, que se expresan como una fuerza transideológica que impulsa la descentralización. En tercer lugar, la creciente y universal demanda de los cuerpos organizados de la sociedad civil por mayores espacios de autorealización, lo que supone tanto descentralización (cesión del poder) como autonomía (campos específicos de competencia ) y, por último, la tendencia a la privatización de las actividades productivas y de servicios que actuaría como escenario favorables a la descentralización.

Los actuales planteamientos en torno a la descentralización presentan variantes importantes respecto a los períodos precedentes que estuvieron determinados por la tendencia de la Planificación del Desarrollo Regional y, particularmente, los cambios que allí se proponían se orientaban ha afectar a los procesos económicos. En el actual orden de cosas el acento se ha dirigido hacía lo político - administrativo.

Para Carlos De Mattos (11) el analizar las diversas vertientes sobre descentralización permite distinguir por lo menos tres tipos de discursos, que aun cuando tienen algunos puntos coincidentes, responden a concepciones ideológicas diferentes. El primero, es el que considera a la descentralización como un medio para el desarrollo endógeno; el cual es sustentado por los denominados regionalistas o localistas que plantean que la descentralización constituye la alternativa más plausible para la democratización de la sociedad , la trasparencia de las decisiones regionales o locales y lograr niveles altos de participación social. Entre las figuras destacadas de ésta tendencia destaca el economista chileno S. Boisier. El segundo discurso, se asocia al nombre de J.Borda y J.L. Coraggio; el cual sitúa la descentralización como un medio para una democratización popular. De manera de que ésta puede llegar a constituirse un instrumento propicio para impulsar una suerte de democratización social desde las comunidades locales. La tercera postura, observa la descentralización como un medio para una reestructuración capitalista; es decir, se la considera como uno de los aspectos centrales de una reforma del Estado compatible con la restauración neocapitalista y con la globalización de la economía del mundo. Esto es, que la reestructuración productiva requiere de una organización social flexible y con presencia mundial. Sería, en consecuencia, la expresión discursiva del proyecto neoliberal que tendrá como antecedentes primarios los aportes de Hayek en la década del 40 y, que han tenido resonancia en organizaciones internacionales como el Banco Mundial y en el diseño de sus políticas para América Latina. En definitiva, en cualquiera de sus modalidades descentralizar estaría significando una intervención en la estructura político - administrativo con la finalidad de modificar la forma y el grado de regulación del Estado en determinados ámbitos políticos.

Por su parte, C. Van Haldenwang (12) afirma que la racionalidad de la descentralización se puede comprender atendiendo a las diversas perspectivas teóricas, tanto del neoliberalismo, el neoestructuralismo y el neomarxismo.

En la primera perspectiva, la reforma descentralizadora se intenta para aumentar la eficiencia global del sistema por medio del desmantelamiento de la regulación estatal. El argumento principal - sostiene el autor - es que, junto con el crecimiento demográfico y la aceleración de la urbanización, se llega a una inflación de demandas distributivas dirigidas al Estado; las que van acompañadas de una incapacidad administrativa (incapacidad de ampliación eficiente del aparato burocrático), lo que conduce a una inflación regulativa (con deterioro concomitante de la calidad de los servicios) y se llega, así, a una crisis del presupuesto estatal.

En la perspectiva neoestructuralista, la reforma descentralizadora tiene por objetivo aumentar la efectividad del sistema por medio de la racionalización de la regulación estatal. En tal sentido, que la crisis del Estado latinoamericano tiene dos dimensiones: crisis de endeudamiento externo y crisis de distribución y legitimidad interno. La crisis de endeudamiento limita los espacios hacia fuera y obliga al costoso proceso de ajuste; la crisis de distribución causa polarización socioeconómica que afecta más a algunas regiones que a otras. Por consiguiente, el régimen pierde legitimidad y la presión política de la periferia sube, lo que ocasiona incapacidad de las instituciones tradicionales de encarar los nuevos conflictos sociopolíticos. La incapacidad institucional se debe, en buena parte, a la sobre - centralización del Estado. Las estructuras centralizadas se justificaron en el pasado por la creación del Estado de Bienestar y por el proceso de modernización económica, pero han perdido su vigencia.

En los enfoques neomarxistas, la descentralización es una respuesta para estabilizar el sistema frente a las tensiones provocadas por el ajuste económico, por la reproducción de la dominación política por medio de la privatización, por la modernización y por la fragmentación de la práctica política. El argumento correspondiente es que, en la nueva fase de acumulación, los países dependientes viven fuertes presiones de ajuste, con una doble dinámica: por un lado, deben manejar la crisis de endeudamiento hacia fuera y la crisis presupuestal hacia adentro; por otro lado, se vuelven criticas las relaciones entre Estado y sociedad, pues los instrumentos de la intervención estatal se muestran insuficientes, irracionales o demasiados costosos. Esta crisis se trata de solucionar con la llamada modernización del Estado, proceso que conlleva pérdidas de legitimidad y nuevas formas de articulación de intereses que, en parte, escapan del control del Estado. Como reacción, se vienen ofreciendo nuevas posibilidades de participación: esto se llama democratización del régimen.

En cualquiera de las posiciones - que antagónicas en lo medular - es posible visualizar un elemento de análisis común, esto es la vinculación de los procesos de descentralización a un debate respecto de las características que debe asumir el Estado en los actuales escenarios sociales, políticos y económicos que presenta América Latina. Es decir, la descentralización no es un proceso único que caracterice al actual orden económico, sino que ocurre paralelamente a su opuesto, la tendencia hacia la centralización; segundo, que el redescubrimiento de la idea esta relacionada con el agotamiento del orden económico que caracterizó el despegue de la postguerra; tercero, que tanto la derecha como la izquierda tienen razones "objetivas "para estar seducidas por la idea de la descentralización; aún cuando ésta sea entendida de manera diferente (13).

La reforma del Estado, descentralización y democracia emergen como principios axiales fundamentales a la hora de redimensionar el sentido de la existencia de una sociedad que hoy se nos presenta como funcionalmente diferenciada.

En los últimos años el proceso de descentralización en América Latina ha estado asociado con la democratización de Estado y con la modernización de la gestión pública, con el surgimiento de un nuevo período de regulación estatal en lo económico y, con las posibilidades que desde allí logren plausibilidad medidas que permitan reorganizar y revitalizar los procesos democráticos. Como afirma D. Rufian (14) la coincidencia en el tiempo de los procesos de descentralización y democracia no es azaroso, sino que se debe al convencimiento, dentro de los proyectos políticos nacionales, de que la restauración democrática de un ir acompañada de un proceso de perfeccionamiento de la misma y que esos sólo es posible a partir de una redistribución del poder del estado que permita un control efectivo del poder por parte de la ciudadanía.

Hay que considerar que gran parte de la discusión politológica y sociológica en torno a la descentralización recién está asumiendo forma y contenido, particularmente una vez que comienzan a percibirse los resultados de las experiencias llevadas a cabo en los último 15 años en la región. Como se planteó anteriormente, tales discusiones no están eximidas de falta de claridad conceptual, de hecho se expresan en una suerte de sobreabundancias de terminologías y enfoques que, muchas veces, resultan a lo menos confusa.

En una definición amplia, por ejemplo, B. Smith (15) la define como la transferencia de poder a niveles inferiores dentro de una jerarquía. Pero así planteado éste concepto también puede significar la transferencias de competencias a gobiernos subnacionales (descentralización territorial) o la transferencias de competencias a instituciones para- estatales o incluso no gubernamentales (descentralización funcional); la que a su vez suele confundirse con el concepto de privatización.

S. Boisier (16) plantea que la vaguedad conceptual está asociado al empleo de conceptos que tienen significados diferentes y que se usan como equivalentes; es el caso de los términos deslocalización, desconcentración y descentralización. Más bien el primero, alude al acto de trasladar desde un lugar a otro del territorio actividades productivas, de servicio o de administración. Por su parte, la desconcentración, corresponde a un acto mediante el cual se traspasan capacidades para tomar en forma exclusiva y permanente decisiones - desde un nivel determinado de la estructura administrativa a otro nivel de rango superior - dentro de la propia organización. En cambio la descentralización significa reconocer determinadas competencias a organismos que no dependen jurídicamente del Estado. Para que ello pueda ser así, los organismos descentralizados necesitan poder tener personalidad jurídica propia, presupuesto propio y normas propias de funcionamiento (17).

Siguiendo con Boisier, éste argumenta que otro error frecuente consiste en diferenciar erróneamente las diversas modalidades y clases de descentralización. La cual puede ser funcional, territorial o política, las que a su vez pueden combinarse dando origen a formas mixtas. Una descentralización funcional, entonces, implica el reconocimiento de competencias específicas o delimitadas a sólo un sector de actividad, al ente descentralizado. Por su parte, la descentralización territorial presupone el traspaso de poder decisional a un territorio o localidad. Si bien tales órganos tienen personalidad jurídica propia, mantienen una relación de dependencia jerárquica en la generación de sus autoridades. Finalmente, la descentralización política, forma máxima de la función descentralizadora, se establece cuando el cuerpo descentralizado se genera mediante procesos electorales.

Definir la descentralización en cuanto proceso político, pone un punto de perspectiva significativo en el debate actual, pues implica romper con análisis de quienes observan y restringen el proceso en una dimensión administrativa; lo cual tiene incidencias fundamentales para discutir en torno a las posibilidades y limites que presenta la reforma del Estado y los requerimientos para lograr acompasarse a los dinámicas que surgen de una sociedad funcionalmente diferenciada.

Enfoques Teóricos sobre la Descentralización

Como se expresó anteriormente, en términos teóricos generales se pueden observar tres grandes líneas interpretativas respecto al sentido y objetivos de la descentralización. En primer lugar, el enfoque neoliberal de la descentralización que la ve como un paso primero para la privatización de los servicios sociales estratégicos; a la cual se le agrega, la perspectiva tecnocrática que ha puesto su acento sólo en la dimensión racionalizadora del proceso, buscando la optimización de la gestión y la reducción de los costos de los servicios públicos. En un segundo lugar, ésta la línea que resalta tensiones entre las visiones que enfatizan la descentralización administrativa y su énfasis el rol modernizador o racionalizador de tal proceso, y la descentralización política. En tercer lugar, resaltan las perspectivas que han planteado una crítica consistente a lo que han denominado la utopía descentralizadora, la cual se ha estado convirtiendo en una suerte de panacea para dar respuesta a todos los problemas del desarrollo; estimulando expectativas desproporcionadas (18).

Examinaremos a continuación algunas puntos relevantes que han ido configurando la discusión en torno a éstos discursos, a fin de hacer las distinciones pertinentes para situar operativamente el análisis y caracterización del sistema público en Chile y, particularmente sus políticas de descentralización.

Un importante aspecto de la discusión respecto al tema aquí abordado ha estado referido a no perder de vista que la situación de cambio que está en marcha en Latinoamérica no sólo debe comprenderse como resultados de indudables las megatendencias globalizadoras que hoy se manifiestan, sino que, igualmente, debe ser observada por las específicas políticas de reestructuración del Estado inducidas a través de las políticas de ajuste y modernización de corte neoconservador que inician su aplicación desde mediados de la década de los 70. Al respecto D. Rufían (19) señala que las tendencias de descentralización se ven sin duda reforzadas por las crisis de las administraciones fiscales latinoamericanas, con grave incapacidad para conseguir recursos abultados compromisos de gasto derivados de la deuda. En tales circunstancias la descentralización no sólo es contemplada como un mecanismo de redistribución de competencias sino como la transferencia de obligaciones del sector público hacia otras administraciones subnacionales, a las que supone capacidad para conseguir recursos con las que financiar las competencias. Asimismo, habría que agregar, que los procesos de descentralización - por ejemplo, el observado durante la dictadura militar en Chile - se inscribe en una lógica distinta a la de distribución del poder, no se da en el sentido de descentralización política como lo señalara S. Boisier - y se refiere más bien al papel que el Estado debe desempeñar en el nuevo modelo de desarrollo, en el cual abandona su rol benefactor. Esto es, los procesos de descentralización han sido acompañados e interpretados bajo la lógica de las políticas de privatización que, por su parte tienen como marco de referencia en la escuela del public choice, cuyos principios se han reseñado más arriba, tanto en la tipología sobre descentralización como medio para la reestructuración capitalista (De Mattos) como en las llamadas corrientes neoliberales que identifica Von Haldenwang.

Ambos discursos se articularan en el sentido de concebir a la descentralización como un componente clave para dinamizar el avance del nuevo orden económico que se desencadena con las políticas de ajuste. La descentralización, de esta manera, sería la solución del problema de la burocratización y la ineficiencia de las instituciones centralizadas, y garantizaría mejores condiciones para la libre movilidad de los recursos entre las regiones de un país. La idea de descentralización aparece asociada así a la privatización y despolitización de las relaciones de los ciudadanos y el Estado (20).

Al respecto, J. L. Coraggio (21) antepone al proyecto neoliberal de descentralización un proyecto democratizante de descentralización, el cual se caracteriza por tener al eje político como coordenada estratégica que se antepone a los ejes económicos de la privatización y desregulación del neoliberalismo. A partir del eje político se debe dar una redefinición explícita del Estado y sus funciones, su reforma profunda pero también una reforma de la sociedad política; la cual involucre el cuestionamiento del clientelismo y la mercatilización de la política, la defensa de los derechos humanos, el control del Estado combinando las instituciones de la democracia representativa con formas más directas de participación y gestión, entre otros aspectos. A su parecer, los ejes administrativos y económicos en el proyecto democratizante debe apuntar hacia una descentralización territorial del Estado, confiando en que la multiplicación de escenas de gestión local abran un terreno favorable a la lucha cultural. En esto se debe luchar - afirma - contra sus propias tendencias a la idealización de un determinado ámbito (el local), o instancia (el municipio), o de la vida cotidiana, como falsas respuestas a preguntas mal planteadas. Coincidiendo con éste autor, Restrepo (22) afirma, que sostener que la descentralización constituye el medio idóneo para lograr el desarrollo local, es equivalente a fetichizar lo institucional, puesto que se parte del supuesto que una reforma de tipo político - administrativo puede establecer las condiciones para la transformación de la base estructural del sistema, la orientación de la distribución del producto social y las características predominantes de la dinámica de acumulación de capital.

En ésta misma línea, nos son pocos los investigadores latinoamericanos que han señalado que el proyecto de descentralización que emerge a la sombra del proyecto neoliberal global en nuestras incipientes e inacabadas democracias latinoamericanas, presentan graves limitantes en su base teórica como en sus posibilidades estructurales para dar cuenta eficientemente de sus amplios objetivos políticos, sociales, culturales, territoriales y económicos.

Probablemente el más destacado autor contra - paradigma descentralizador sea C. De Mattos, quien se pregunta: ¿Cómo una reforma de tipo político - administrativo puede lograr tan profundas transformaciones en sistemas donde ciertos condicionamientos estructurales han gravitado hasta ahora en otra dirección? (23).

De Mattos responde que a) una reforma de carácter político - administrativo no puede, por sí sola, modificar el tipo de sociedad en que se implanta. La dinámica socioeconómica capitalista está afectada por condicionamientos estructurales, que no pueden ser removidos por la vía de una simple reorganización territorial de la administración territorial del poder, b) no existen fundamentos teóricos y empíricos que respalde el supuesto de que el descenso hacía lo local en una sociedad capitalista, conduzca a situaciones propensas al predominio de los intereses populares, c) en sociedades crecientemente integradas económica y territorialmente, donde las diversas colectividades locales están sometidas a una creciente influencia externa, no es concebible que ellas puedan disponer de la autonomía política requerida para impulsar políticas públicas de distinta orientación y contenido a las que son impulsadas nacional y / o internacionalmente, d) la multiplicación de instancias decisorias puede contribuir a acentuar la fragmentación del poder y los problemas de gobernabilidad en los respectivos sistemas nacionales; esto puede ser funcional a los procesos de reestructuración mundial del capitalismo pero desfavorece a una gestión pública nacional, e) la descentralización que está comenzando a ser impulsada no es la que postulan sus ideólogos progresistas. Las reformas en curso, en tanto responden principalmente a las necesidades planteadas por la reestructuración capitalista y apuntan a solucionar problemas en este terreno; no parecen ser las adecuadas para alcanzar aquellos objetivos de democratización, participación, justicia social y desarrollo.

Para Curbelo (24) existen razones prácticas y normativas que justifican la descentralización. Entre las primeras pueden incluirse razones administrativas tendientes a mejorar el funcionamiento del sistema administrativo y burocrático; argumentos políticos para mejorar la estabilidad del sistema, movilizar el apoyo de los ciudadanos, y reforzar el control social; objetivos de desarrollo económico que movilizan los recursos locales y adecuan las actuaciones públicas a las circunstancias concretas; y la satisfacción de valores básicos tales como participación, democracia y autosuficiencia. Por su parte, las razones normativas que justifican la descentralización están asociadas a) las Teorías de la Elección pública para las cuales la descentralización: 1º, maximiza la utilidad derivada del conjunto de bienes y servicios provistos por una comunidad o región dada a través de la posibilidad, teórica, de los ciudadanos de ir de una localidad a otra de acuerdo con la bolsa de bienes y servicios que éstas ofrecen, 2º, reduce los costos transaccionales de las decisiones tomadas de un modo centralizado, y b) las Teorías de la administración pública que enfatizan las múltiples consecuencias disfuncionales de la burocracia "ideal" Weberiana y sugieren la cooptación y delegación de poderes a los niveles inferiores de la burocracia.

En un ámbito más global, S. Boisier (25) afirma que el desarrollo regional es un proceso que actualmente transcurre en tres escenarios interdependientes, que se han configurado recientemente: un escenario contextual, uno estratégico y un nuevo escenario político. El primero es el resultado de dos procesos, presente ahora en todos los países. Se trata del proceso de apertura externa, empujado por la fuerza de la globalización y del proceso de apertura interna que, a su vez, es empujado por la fuerza de la descentralización. El primero es un proceso esencialmente económico, en tanto que el segundo es, fundamentalmente, un proceso político. Por su parte, el escenario estratégico esta asociado a resolver respecto de cómo avanzar en la configuración de nuevos espacios territoriales y nuevas modalidades de gestión territorial. En tercer escenario - el político - en el cual hay que repensar el desarrollo regional, se construye sobre la intersección de los procesos de modernización del estado y las nuevas funciones de los gobiernos territoriales.

Por lo que, a su juicio (26), la reforma política, la gobernabilidad y la descentralización no son constituyen procesos independientes y que, por tanto, la denominada reforma estructural del Estado o modernización de éste obedece a dos grandes fuerzas: por un lado, la necesidad de colocar la indelegable función estatal de respaldo a la acumulación a tono con sus nuevas modalidades, derivadas , a su vez, y de nuevo, de la revolución científica y tecnológica; por otro, la necesidad de lograr un nuevo contrato social entre el estado y la sociedad civil, nuevo agente protagónico del proceso de cambio y modernización en la reestablecida democracia latinoamericana; lo que implica pasar de un arreglo institucional centralizado a otro descentralizado; el cual se convierte en una contribución a la gobernabilidad al dispersar el conflicto político que se expresa en nuestros sistemas en un alto grado de concentración. Por tanto, el mejoramiento en el acceso al poder atraviesa la cuestión de la descentralización política y territorial, puesto que trata de crear el mayor número de posible de organizaciones e instituciones intermedias entre el Estado y el individuo.

Lo que en definitiva, se traduce en que la descentralización política se entiende como un proceso que es sólo concebible en el ámbito de los sistemas políticos democráticos y que, por tanto, va más allá de una reforma puramente administrativa (27). Más bien, la descentralización se inscribe en un proyecto mayor; esto es que aporta en la búsqueda de una diferente redistribución del poder político en la sociedad, es decir, busca establecer un nuevo contrato social entre el Estado y la sociedad civil. Lo que implica, en definitiva, construir política y socialmente las regiones (28).

La posición de Boisier ha sido acompañada, en los últimos años, de diversas maneras, las que se aúnan en torno al cierto consenso teórico existente respecto a que la descentralización sería una respuesta política a las tensiones y conflictos sociales producidos por la incapacidad del Estado para dar satisfacción a las demandas de la sociedad, debido a la ausencia de canales de participación política y ciudadana. En este sentido, la descentralización es concebida como la búsqueda de una institucionalidad que permita mayor participación de la ciudadanía, de manera de facilitar la relación y la solución a los problemas de la población en los lugares cercanos a donde estos se producen. Desde este punto de vista, la descentralización sería un instrumento para la democratización del Estado, y constituiría uno de los factores indispensables de la modernización del mismo.

Hay que señalar, sin embargo, si bien se daría una relación retroalimentador entre la descentralización y democracia, esto no significa que sea una relación condicionante de ésta última. Chile, durante los años 70 y 80, es un ejemplo de una reforma que descentralizó el marco político administrativo del país en un contexto autoritario. Esta reforma mostró que la transferencia de recursos, atribuciones y responsabilidades a las administraciones regionales y locales no es una condición necesaria para la democratización (29).

Por otra parte, tal consultancialidad entre descentralización y democracia, también se relativiza mediante la constatación que se ha realizado respecto de ciertas concepciones que han exaltado, por ejemplo, la autonomía local concebida como autarquía (30).

En ese sentido, hay que insistir que la descentralización constituye un proceso, lo que implica que las diversas posiciones relativas a lo largo del continúo, no significan necesariamente un fracaso por no lograr una situación de completa descentralización. En efecto, tal como la ha formulado J. Borja (31), los modelos latinoamericanos de descentralización administrativa o desconcentración, deben ser vistos, como pasos hacia una visión más descentralizada del territorio. Pero el estudio de diversas experiencias en éstos países han señalado las autolimitaciones de los sistemas políticos para propiciar dinámicas que impulsen el proceso de descentralización a un carácter más allá de cambios jurídicos - administrativos (32).

La revisión de estudios realizadas por R. Harris (33) le permitió observar que las burocracias latinoamericanas - que han implementado programas de descentralización - sufren una falta de coordinación entre agencias estatales y una frecuente superposición entre éstas y los distintos niveles de gobierno. Frente a estas limitaciones los gobiernos han convocado a reformas administrativas dirigidas a una sectorialización, o coordinación de agencias según funciones relacionadas o a una regionalización, que aspira a una mejor coordinación de las agencias locales que operan a nivel local y regional. Para éste autor, ambas reformas no han sido necesariamente descentralizadoras, ya que pretenden hacer más eficiente el funcionamiento de sus agencias locales, sin pretender transferir efectivas competencias.

De equivalente forma, también se ha observado, especialmente en aquellas experiencias que han asumido a la descentralización como un medio para la reducción de lo estatal, expresada en una noción de Estado mínimo y en una reducción de los gastos de la administración central acotando su presencia intervencionista dentro del sistema económico y social (34); que sus resultados prácticos han estado lejos de ser consistentes con sus predicamentos de base, pues estudios recientes del Banco Mundial han concluido que el resultado inmediato de algunos programas descentralizadores ejecutados en la región, por ejemplo, los Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala y Venezuela, han incrementado el gasto del gobierno central.

Hay un acuerdo general de que la vigorización de la sociedad civil y la democratización del Estado serían impensables hoy en día, sino se acompañaran de profundas transformaciones en el manejo del poder estatal, en la participación ciudadana y en la comunicación amplía entre el Estado y las organizaciones de la sociedad. Pero también existe un alto grado de coincidencia al plantearse que la descentralización per se no es necesariamente el medio para lograr esta aproximación del Estado a la comunidad regional o local (35). Lo que, a su juicio de R. Atria puede redundar en un factor de disgregación del Estado y en un alimentador de fuerzas centrípetas dentro del sistema político. Por lo que, la descentralización debe descansar sobre algunas condiciones previas; a) delimitación de la unidades regionales y locales en cuanto realidades socialmente válidas; b) la necesaria distinciones entre la descentralización y las diferenciaciones regionales (sociales, culturales e históricas) que suelen existir al interior de las sociedades nacionales y c) la descentralización debe suponer el desarrollo y consolidación de instituciones mediatizadoras capaces de actuar como canales adecuados para el doble tránsito de la participación que permite contrarrestar las tendencias a la privatización de la política regional y local.

En éste planteamiento se perfilan dos aspectos fundamentales; por una parte, si la descentralización es la redistribución de competencias y poderes desde el Estado central; entonces requiere de una base geográfica para su funcionamiento y, por otra, en éstas se demandan organizaciones que operen en el sentido de articular las comunicaciones de las diversas lógicas públicas y privadas que comprenden la complejidad social de esos territorios; lo que implica una construcción política. Para el primer aspecto, surgen las regiones como una unidades espaciales, político - administrativas y receptoras del proceso de descentralización político - territorial. En la segunda dimensión, surgen los gobiernos locales y regionales como instancias de decisión descentralizadas con personalidad jurídica y recursos propios; que se definen como agentes estratégicos para propender al desarrollo regional.

Desarrollo Regional y Descentralización

La relación desarrollo regional, planificación regional y descentralización ha entrado, en los últimos años, a un complejo proceso de revisión, tanto en sus concepciones teóricas como en lo concerniente a las experiencias que a partir de ellas se han ejecutado en América Latina en las décadas precedentes. La inclusión en el análisis de los proceso de diferenciación funcional y globalización está permitiendo replantear cuestiones que parecían tener ciertos niveles de certezas en períodos pasados, a pesar de existir perspectivismos a veces encontrados. De hecho, éstos replanteamientos han impactado desde las definiciones básicas de región hasta en sentido y plausibilidad que tendría hoy una planificación del desarrollo regional de corte centralista en éstos nuevos escenarios. Críticas que, en definitiva, apuntan a configurar nuevos marcos interpretativos para el desarrollo regional y la descentralización bajo los nuevos parámetros de construcción de lo social.

En un primer término, diremos que el concepto de región ha sido analizado y definido a partir de diversos paradigmas, las que en suma se pueden identificar en dos grandes agrupaciones. Una que incluye todas las formulaciones que hacen abstracción de toda consideración histórica - social y así postulan conceptos que pretenden sean universales, por ejemplo, la Escuela francesa de los espacios abstractos (F. Perroux y J. Boudebille), la escuela alemana de la región económica (W. Christaller y A. Lösch), y la región productiva (Teoría de la base económica). El segundo, agrupa a aquellas elaboraciones cuyo punto de partida es el reconocimiento de la vigencia de un sistema social históricamente determinado, el cual da origen a toda concepción regional en la medida que sostiene que la ocupación de un territorio está condicionada por el tipo de relaciones sociales prevaleciente entre los grupos humanos que se asientan en determinadas partes del continuo geográfico. Entre éstas concepciones, se encuentran la de región espacial (J.L. Coraggio), la región integral ( A. Rofman), la región histórica ( A. Moreno y E. Florescano) (36).

Sin embargo, en los últimos años se han percibido fuertes posiciones críticas al conjunto de éstos planteamientos; una de ellas la que constituye las que realiza S. Boisier (37) quien sostendrá que los modelos interpretativos de región debe ser revisada ya que anteriores conceptualizaciones no asumían los cambios contextuales y estructurales que se han ido configurando en torno a éste concepto. Los cuales se deben a la revolución científica y tecnológica y de la globalización. Fenómenos que dejan obsoletos - sostiene - tres conceptos que han estado ligado a los intentos de regionalización: distancia, fricción del espacio y contiguidad. De igual manera, el criterio de tamaño de las regiones como coordenada de definición de éste se agota, pues lo relevante hoy es analizar la complejidad estructural de un territorio organizado. El cual se visualiza como una estructura sistémica, siendo sus características más importantes su complejidad y su estado final. Esta complejidad se refiere a la variedad de estructuras internas que es posible identificar en el sistema; urbanas, productivas, sociales, políticas; b) los diferentes niveles de jerarquía a través de los cuales se establecen los mecanismos de retroalimentación y control del sistema y; c) las articulaciones no lineales presentes en el sistema, que generan estructuras disipativas. Siendo, en definitiva, el territorio organizado un sistema dinámico; por lo que la búsqueda no apunta hoy a determinar cuan grande debe ser una región, más bien y por el contrario, lo que interesa es determinar el territorio organizado de menor tamaño que simultáneamente presente una elevada complejidad estructural (38).

En segundo término, la noción de desarrollo regional que ha estado asociado en América Latina a los modelos de planificación regional del desarrollo ha presentado un recorrido bastante fluctuante y con posiciones encontradas (39). El conjunto de éstos planteamientos han tenido como objetivos dar respuesta a dos problemas centrales; por un lado, las denominadas disparidades regionales y, por otra, la integración económico espacial (40). Lamentablemente, tras ese período los estudiosos del tema en general coinciden en que los modelos ensayados no han sido capaces de lograr su objetivo; lo han conseguido en forma parcial y muchas veces confinado a regiones muy específicas; se han limitado en la etapa de confección de planes; han servido de simple eslabón para la planificación nacional; o, en forma más radical siguen siendo teoría en busca de una práctica (41). Las principales razones señaladas para este fracaso pueden sintetizarse en:

Podemos agregar, igualmente que los esfuerzos referidos se han orientado en general a modelos para una planificación regional centralizada, es decir conducida desde dependencias centrales de gobierno. Mucho menos se ha trabajado en modelos que postulen esquemas de planificación que incorporen niveles de decisión territoriales más desagregados. Lo cual no deja de ser tremendamente significativo para los escenarios actuales en que estamos presenciando una sociedad que se caracteriza por ser funcionalmente diferenciada en la cual opera un sistema económico abierto; lo cual hace visualizar como insuficiente un sistema de planificación centralizada en ambientes que se caracterizan por presentar procesos decisorios con un alto nivel de atomización y, que a la vez, se hace contradictorio con los objetivos globales que se plantea la descentralización, esto es crecientes niveles de autonomía institucional.

Además de los elementos antes referidos, debemos señalar que la crisis de los modelos planificadores centralistas del desarrollo regionales, y de la planificación en su vertiente tradicional esta asociada a la crisis global que ha presentado el Estado desde finales de la década de los setenta. Para Hopenhayn (43), la planificación estatal tuvo un rol estratégico, tanto para la articulación entre lo político y lo económico y entre lo privado y lo público; y entre las diferentes instancias del sector público que captaban e invertían recursos del Estado. Es decir, el papel del planificador reforzaba el carácter tanto de mega - actor como de meta - actor del Estado, recurriendo para ello al manejo instrumental cuyo objetivo último se puede definir - argumenta - al mejor estilo iluminista - tecnicista, como racionalización socioeconómica de un proceso de integración y desarrollo en vistas al logro de objetivos previamente acordados por el poder político del estado y legitimados, en mayor o menor medida, por el consentimiento ciudadano. Estos roles verán su legitimidad fracturada toda vez que la crisis del Estado planificador se concibe como pérdida de direccionalidad colectiva, como incapacidad para integrar / modernizar la sociedad desde la acción estatal, como incapacidad para asignar racionalmente los recursos entre los distintos sectores sociales, o como conflicto entre la racionalización técnica impuesta por la planificación y las demandas y las reivindicaciones sociales que emergen desde la sociedad civil hacia el Estado.

Los nuevos escenarios, tanto teóricos como socio -políticos han permitido ir diferenciando nuevas posibilidades para la planificación; ahora comprendida - en lo que respecta al desarrollo regional - en marcos de acción más desagregados, lo que involucra definir modelos que incorporen niveles de decisiones más autonomizados sustentados en criterios que configuren la noción de desarrollo desde abajo (44). Lo que implica dejar espacios al aporte local en sus distintos niveles territoriales, con toda la riqueza que el conocimiento de su realidad concreta puede aportar a favor de su propio desarrollo.

Las nuevas distinciones que ofrece una planificación regional así concebida - con sus diversas variantes hoy presentes en la discusión (45)- tiene diversos puntos de encuentros con los aspectos institucionales y de planificación y administración, como de la teoría organizacional tal como se ha desarrollado en el marco del sector de la empresa privada. Así, por ejemplo, las distinciones que se realizan a partir de conceptos como modernización del Estado, gerencia pública, planificación estratégica del sector público y otras similares que abundan en el discurso político actual nos señalan la dirección que está tomando los procesos de planificación del desarrollo regional.

Por consiguiente, en el actual estado del arte de la problemática regional es pertinente señalar que la noción de Región nos remite necesariamente a la idea de un Desarrollo Regional que alude a un proceso constante de cambio social, que ésta al servicio del progreso permanente de la comunidad regional, de todos y cada uno de los habitantes de la región (46). Y que para el logro de sus múltiples y complejos objetivos, la descentralización actúa como una precondición , aún cuando ésta, también se manifiesta en los planos locales. Estos objetivos del desarrollo regional pueden sintetizarse en los siguientes (47):

En ésta perspectiva, existe consenso en representar en las denominadas Estrategias regionales de desarrollo y los mecanismos de planificación que la originan como el medio de mayor potencialidad y dinamismo para desarrollar y dar actualización permanente a los diversos actores públicos y privados involucrados en los objetivos del desarrollo regional y de la descentralización.

En definitiva, dentro de las actuales perspectivas que se desarrollan los procesos de descentralización, el desarrollo regional y la planificación descentralizada y concertada constituyen una suerte de trilogía que no pueden ser observadas aisladamente, si se pretende avanzar en situaciones que permitan acompasar al Estado internamente, es decir reconocer y articular sus diversas lógicas internas y, particularmente generar medios comunicativos pertinentes y eficientes que sean capaces de reducir las variadas complejidades societales que hoy tienen lugar en el marco de sociedades funcionalmente diferenciadas. Siguiendo a S. Boisier, la misión estratégica del estado en éstas nuevas complejidades consiste en posibilitar que a nivel territorial se avance en la construcción política y social de las regiones (48). Los procesos de reforma de Estado que ésta experimentando Chile en las últimas dos décadas y, particularmente, aquellas que se han iniciado con los gobiernos democráticos desde 1990, probablemente constituyan un escenario adecuado para visualizar la forma y los alcances de éstas concepciones y de que forma se manifiestan o no en las actuales complejidades societales.

En consecuencia, preguntarse por las características, implicancias y efectos concomitantes de la descentralización asume un carácter fundamental. Ya que se requiere desprenderse de antiguas imágenes de sociedades funcionalmente integradas que estaban supeditadas aun eje político central representado por el aparato estatal y, más bien dirigir una mirada sistémica - y enfrentar como constatación - al incremento de la complejidad social y cultural en las sociedades de hoy, la autonomización de sus componentes y las dificultades de conducción central que ello involucra a los gobiernos.

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Notas

1. Lechner, Norbert, La política ya no es lo que fue ,Nueva Sociedad , Nº 144, julio - agosto.1996,p. 106

2. Rodriguez, Dario, Del Estado Modernizador a la Modernización del Estado. Revista Estudios Sociales, Corporación de Promoción Universitaria (CPU), Santiago, 1997.

3. Ahumada, Jaime, Descentralización, Desarrollo Local y Municipios en América Latina. Revista Paraguaya de Sociología, Año 29, Nº 85 (septiembre -diciembre)1992, p.74.

4. Von Haldenwang, Christian, Dos casos de descentralización y ajuste parcial. Argentina y Colombia. Nueva Sociedad, Nº 133, septiembre - octubre de 1994,p. 136.

5. Amaro, Nelson, Descentralización y Gobierno local: logros y agenda futura. Estudios Sociales Nº 86/ trimestre 4 /, 1995, p.10.

6. Veneziano, Alicia, Descentralización: un tema complejo y cada vez menos confuso. Prisma, Nº 6, Universidad Católica del Uruguay, 1996,pp. 65-66.

7. De Mattos, Carlos, La descentralización, ¿ una nueva panacea para impulsar el desarrollo local?,Cuadernos del CLAEH, Nº 51, Montevideo,1989.

8. Nohlen, Dieter, Descentralización política. Perspectivas comparadas. En Descentralización Política y consolidación democrática. Ed. Nueva Sociedad, 1991,p. 357.

9. Boisier, Sergio, La descentralización: un tema difuso y confuso. En Descentralización Política y consolidación democrática. Dieter Nohlen (ed), Editorial Nueva Sociedad, 1991.

10. Un análisis fundamental sobre éstos aspectos se encuentra en Bell, Daniel El advenimiento de la sociedad posindustrial. Alianza Editorial, 1973.

11. De Mattos,Carlos, Nuevas estrategias empresariales y mutaciones territoriales en los procesos de reestructuración en América Latina.Revista Paraguaya de Sociología. Año 29, Nº 84 (mayo - agosto)de 1992, pp. 164/ 166.

12. Van Haldenwang, Christian, Hacía un concepto politológico de la descentralización del Estado en América Latina, Revista EURE, Vol. XVI, Santiago, 1990,p. 61 y ss.

13. Curbelo, J.L. Economía Política de la descentralización y planificación del desarrollo regional. Pensamiento Iberoamericano, Nº 10 , 1986, p. 69.

14. Rufian, Dolores, La descentralización, un proceso vigente en América Latina. En Descentralización y Regionalización. Centro de Investigaciones de la Realidad Social (CIRES)Santiago de Chile, 1992,p. 57.

15. Smith. B.C., Descentralization: The territorial dimension of the state. George Allen & Unwin, London, 1985

16. Op.cit, 1991,p.31 y ss.

17. Para mayores antecedentes sobre éstos aspectos, se puede consultar a Palma , E. y Rufian, D.Los procesos de descentralización y desconcentración de las políticas sociales en América Latina: enfoque institucional, ILPES, Santiago de Chile, 1989. Nogueira, H. Y Cumplido, F. Derecho político, introducción a la política y teoría del Estado. Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (ICHEH), Santiago de Chile, 1987.

18. Dockendorf, Eduardo, Democracia y descentralización .En Manual para la Gestión Regional. Fundación Friedrich Ebert, CED, Instituto para el Nuevo Chile, Santiago, 1994, p.4.

19. Rufían, Dolores, Aspectos generales del proceso de descentralización en América Latina. En Seminario Latinoamericano Financiamiento Municipal, privatización de servicios y relación Municipio - Empresa privada. Serie Estudios Municipales Nº 5, Corporación de Promoción Universitaria (CPU), Santiago de Chile, 1994, p. 13.

20. Hay que indicar que la discusión en torno a la relación descentralización y privatización no se presenta con claridad, si bien encontramos autores que señalan que corresponden a procesos diferentes, p. ej. Rufían, Dolores, op. cit, 1993, otros, como S. Boisier, op. cit, 1986, p. 29 plantea que la privatización es un acto formal de descentralización, en cuanto privatizar significa traspasar funciones a entes dotados de una personalidad jurídica distinta de aquel que previamente era responsable de la producción y/o prestación de bienes y/o servicios.

21. Coraggio, J. L, Las dos corrientes de la descentralización en América Latina. Cuadernos de CLAEH, Nº 56, 2ª serie, año 16, Nº 1, Uruguay, 1991, p. 11 y ss.

22. Restrepo, Darío, Descentralización, Democracia y Estado autoritario. Cuadernos de Economía, Vol. VIII, Nº 11, segundo semestre, Bogotá, 1987.

23. De Mattos, Carlos, Falsas expectativas ante la descentralización. Localistas y neoliberales en contradicción. Nuevas Sociedad, Nº 104, noviembre - diciembre, 1989, 119 y ss.

24. Idem, 1986, p.74 y ss.

25. Boisier, Sergio, En busca del esquivo desarrollo regional : entre la caja negra y el proyecto político. Estudios Sociales Nº 87 /trimestre 1/ 1996, p.125.

26. Boisier, Sergio, La Modernización del Estado: una mirada desde las regiones. Estudios Sociales Nº 85 /trimestre 3/ 1995,Santiago de Chile, p.86 y ss.

27. Op. Cit, 1986, p.36 y 37.

28. Boisier, Sergio, La construcción (democrática) de las regiones en Chile: una tarea colectiva. Estudios Sociales Nº 60 / trimestre 2 / 1989, p.74 y 75.

29. Ver espinosa , 1986 y roselfeld, 1991

30. Borja, Jordi, Op.Cit, 1987.

31. Borja, Jordi, Dimensiones teóricas, problemas y perspectivas de la descentralización del Estado. En Borja,J et al. Descentralización del Estado. ICI, FLACSO, CLACSO, Santiago de Chile, 1987.

32. Ver Von Haldenwang, C. Dos casos de descentralización y ajuste parcial. Colombia y Argentina. Nueva Sociedad, Nº 133, septiembre - octubre , 1994,pp. 136 / 151

33. Harris, R. Centralization and Descentralization in Latin America. En Decentralization and Development. Cheena, G.S. y Rondinelli, D., Sage Publications, 1983.

34. Rofman, A, El proceso de descentralización en América Latina : causas, desarrollo y perspectivas. En Descentralización político - administrativa. Bases para su fortalecimiento. CLAD, Caracas, 1990.

35. Atria, Raúl , La sociología política apunta hoy al Estado: un relieve de temas centrales. Estudios Sociales Nº 84 / trimestre 2 /, Santiago de Chile, 1995, p. 94 y ss.

36. Palacios, J. J., El concepto de región. En Lecturas de análisis regional en México y América Latina. Avila. H. (coordinador)Universidad Autónoma de Chapingo, México, 1993, p.101 y ss.

37. Boisier, Sergio, Posmodernismo territorial y globalización : regiones pivotales y regiones virtuales. Estudios Sociales Nº 80 / trimestre 2 /, Santiago de Chile, 1994, p.79.

38. Idem, p. 80 y 81.

39. Para un análisis detallada sobre la evolución de éstas ideas véase Boisier, Sergio, Las transformaciones en el pensamiento regionalista latinoamericano ( escenas, discursos y actores) Estudios Sociales Nº 78 /trimestre 4/, 1993, p. 69/ 104.

40. De Mattos, Carlos, Paradigmas, modelos y Estrategías en la práctica Latinoamericana de Planificación Regional. ILPES, Documento CPRD - D / 88.

41. Boisier, Sergio,et al (compiladores), Experiencias de Planificación Regional en América Latina : una teoría en busca de una práctica, CEPAL - ILPES -SIP, Santiago de Chile, 1981.

42. Belmar, Alejandro, Institucionalidad, estrategia, Planificación y desarrollo Regionales en el marco del Programa de apoyo al Desarrollo Regional. Documento interno, Secretaria Regional de Planificación y Coordinación (SERPLAC), Región de los Lagos, Puerto Montt, diciembre de 1993, p.5.

43. Hopenhayn, Martin, Ni apocalípticos ni integrados. Aventuras de la modernidad en América Latina. Fondo de Cultura Económica, México, 1995, p. 181 y ss.

44. Stöhr, W.B. y Taylor, D.R.F.,Development fron above or below ? Wiley & Sons, Ltd., 1981.

45. Para una revisión exhaustiva de las actuales alternativas de planificación existentes para abordar la problemática regional, veáse Soms, Esteban, Métodos y Técnicas de Planificación regional,Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN), Santiago de Chile, 1994.

46. Boisier, Sergio, La gestión de las regiones en el nuevo orden internacional: cuasi Estados y cuasi empresas. Estudios Sociales, Nº 72, Santiago de Chile, 1992, p. 18 y ss.

47. Lira, Luis, La confección de estrategias de desarrollo regional. En Manual de Desarrollo Regional, Arenas. F (editor), INC, PRED, REGION, Instituto de Estudios Urbanos P. Universidad Católica de Chile,1990, p.61 y ss.

48. Bosier, Sergio, La construcción social de las regiones. Una tarea para todos. En desarrollo Regional: tarea nacional. Ediciones Universidad de la Frontera, Temuco, Chile, 1988, p.35 - 48.