La facultad fiscalizadora se remonta a 1874, con motivo de la reforma introducida a la Carta Fundamental de 1833 que le entrega a la Comisión Conservadora -sucesora del Congreso Nacional durante la legislatura extraordinaria- el "ejercer la supervigilancia (...) sobre todos los ramos de la administración pública".
Navarro Beltrán, E. (2016). Las comisiones investigadoras a la luz de la Constitución. Revista De Derecho Público, (65), Págs. 194–198. https://doi.org/10.5354/rdpu.v0i65.42466
