Resumen
La ley 20.253, también denominada Agenda corta antidelincuencia, modificó sustancialmente el Código Procesal Penal, en cuanto las nuevas normas privilegian la persecución penal por sobre las garantías individuales, contrariando así los principios orientadores originales de dicho cuerpo legal. Se analiza aquí el alcance de dichas modificaciones respecto de la prisión preventiva y, además, se evalúa
críticamente esta reforma legislativa a partir de una perspectiva dogmática garantista de la Constitución Política de la República y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.