El presente artículo analiza aspectos de la invalidación administrativa que han suscitado discusión. En efecto, a 8 años de la entrada en vigencia de la Ley 19.880, la jurisprudencia de la Contraloría General de la República se ha manifestado a través de numerosos cuestionamientos respecto de aquella institución, los cuales dicen relación con diversos ámbitos de su aplicación, como la obligatoriedad de la audiencia previa, los casos en que la Contraloría General de la República dispone la necesidad u ordena, derechamente, invalidar un acto administrativo.
Además, analiza aspectos como la invalidación de los actos administrativos que se producen dentro del contexto de procedimientos reglados, el plazo para invalidar, si cabe la preclusión en la invalidación, y la relación existente entre la invalidación y la nulidad de derecho público.