Revista invi
N°35, Noviembre 1998, Volumen 13: 103 a 115
DE TOMAS DE
TERRENO A CAMPAMENTOS: MOVIMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO DE LOS
POBLADORES SIN CASA,DURANTE LAS DÉCADAS DEL 60 Y 70, EN LA
PERIFERIA URBANA DE SANTIAGO DE CHILE (1)
Daniela Sepulveda Swatson (2)
El presente artículo da cuenta del proceso de tomas de
terreno organizadas, que dieron origen a la formación de
campamentos en Santiago de Chile, durante las décadas 60 y
70, planteando la hipótesis de que los señalados
campamentos surgen, en su origen producto de un movimiento social, que
luego se transforma en político y que difiere
substancialmente de otras iniciativas de los sin casa, en la
búsqueda de soluciones al problema habitacional, marcando un
poblamiento hacia las periferias de la ciudad.
This paper deals with the organised illegal appropriation of land which
resultad in illegal squatters in Santiago-Chile during the 60's and
70's. The hypothesis being that such illegal squatters are originally
the result of a social movement which then becomes political and is
essentially different to other initiativas by the homeless in their
search for a solution to their housing problem. This has meant the
creation of settlements in the outskirts of the city.
1.INTRODUCCIÓN
Desde su nacimiento Santiago ha sido el centro urbano más
importante del país, concentrando entre sus
límites las principales funciones políticas,
religiosas, económicas y administrativas. El gobierno, los
principales conventos y órdenes religiosas, las familias
adineradas, entre otros, tenían su centro de
operación en la capital de ésta región
colonial. Luego de la Independencia de la Corona española y
de la transformación de Chile en República,
Santiago, como su capital, tendió a concentrar los nuevos
poderes del naciente Estado chileno.
Las ciudades latinoaméricanas, entre ellas, Santiago nacen
segregadas desde la colonia (3). El interior de la ciudad colonial marcaba
el carácter de dominio y estratificación
española: «tal como estaba dividida la sociedad
entre señores y servidumbre, lagente y el populacho, se
organizaba la ciudad». Así la cercanía
a la plaza principal -espacio simbólico del poder- iba
marcando el mayor status social, de modo que mientras más
cerca se ubicaba el solar, mayor status del propietario,
instalándose en las afueras, los pobres y los
desposeídos, garantizando la ciudad la hegemonía
y seguridad de la clase dominante (Gross, 1990:69).
A partir de la fundacion de Santiago, el 12 de Febrero de
1541, la ciudad fue planificada conforme a lo establecido en
las Leyes de Indias, las que definían con gran detalle el
diseño y la ubicación de los nacientes centros
urbanos del Nuevo Mundo, estableciendo, a la vez de sus
cuadrículas, una rígida
estratificación social. En su origen, la ciudad no acepto
dentro de sus límites a la población
indígena, obligada está a ubicarse hacia el sur
y, en menor grado hacia el oeste de la capital,
conformándose, de esta manera, las primeras
poblaciones periféricas, "marginadas" de la trama urbana
central. (Necochea y Trivelli, 1986).
Desde la colonia la ciudad ha tendido a erradicar a aquellos elementos
que le son desagradables, hacia la periferia. Santiago, desde
muy temprano se constituye como una ciudad
segregada, estableciendo en forma constante,
límites entre la ciudad propiamente tal -ordenada
y planificada- y "lo otro". Posteriormente, las polfticas
gubernamentales de vivienda durante el presente
siglo tendieron a ubicar las casas allí donde el
terreno es más barato: en la periferia de la ciudad.
En su fundación la ciudad fue pensada con una gran capacidad
de expansión interna, con abundantes
sitios de reserva dentro de cada área (Cuadra, 1978 en
Necochea y Trivelli, 1986). De esta forma Santiago no
sobrepasó sus límites (4) hasta el siglo XIX,
cuando tuvo que acoger un incipiente proceso de inmigración
durante la crisis de las minas de plata junto con cierta sobre
población rural. Sin embargo, no es sino hasta principios de
este siglo, que la ciudad comienza a tener un crecimiento
explosivo.
La crisis de la minería y
del agro, hacen llegar a Santiago grandes oleadas
de migraciones compuestas por personas que están
buscando una mayor perspectiva de sobrevivencia.
En un primer momento estas "oleadas" encuentran un lugar donde habitar
tanto en las periferias (pueblos de indios) como en los conventillos y
cités del centro de la ciudad. Cuando no caben en
ningún lado, se van ubicando en la ribera
de canales y ríos o en aquellos sitios en donde el
terreno no presenta interés para nadie. Se
empiezan a constituir así las "poblaciones callampas",
como fueron bautizadas en su época. Son estas
"callampas" los lugares en donde se gesta, hacia finales de la decada
del '50, una nueva forma de iniciativa de acceso a la vivienda: las
tomas de terreno.
La permanencia hasta la actualidad de muchos de estos asentamientos, la
relevancia de este movimiento en la conformación de la
historia e identidad de un grupo social, así como su
contribución a la expansión de la ciudad hacia
las periferias hacen relevante hoy estudiar sus orígenes y
sus perspectivas futuras.
En un primer momento se realizará una breve
revisión de la forma de acceso a la vivienda de los
más necesitados durante la primera mitad del presente
siglo, para luego analizar la coyuntura política y
social que da origen a la formación de los campamentos a
partir de las "tomas de terreno".
Luego se abordará la experiencia de las tomas de terreno,
planteando la hipótesis de que estas comienzan bajo la forma
de movimiento social para luego derivar en una acción
politica. Finalmente se plantean preguntas y reflexiones acerca del
potencial social de las movilizaciones.
2. ACCESO A LA VIVIENDA
DE LOS SECTORES POPULARES URBANOS
Hasta la primera mitad del siglo XIX, la mayor parte de los sectores
populares habían estado constituidos principalmente por
campesinos y por grupos de trabajadores dedicados
a faenas nómadas, tales como el salitre, los ferrocarriles o
la construcción de caminos. Solo un reducido sector
realizaba labores de servicio en las ciudades (Espinoza, 1987).
En la segunda mitad del siglo XIX, la estructura
económica del país, orientada al mercado externo
y basada en el trigo y el salitre, como principales rubros de
exportación, altero la morfología urbana
cuando la mano de obra comenzó
a desplazarse hacia las ciudades, debido a la creciente
diversificación de la actividad agrícola y
minera. Esta expansión urbana afectó
principalmente a Santiago, que en su rol de eje central financiero y
político conectaba el desarrollo. De este
modo la capital de Chile triplicó su
área poblada entre 1810 y 1900 (Espinoza, 1987).
Durante la primera década del siglo XX los ciudades
comenzaron a aumentar su importancia
relativa respecto a los sectores rurales, que hasta entonces
concentraban la mayor parte de la población. En la
década de 1930 por primera vez el campo deja de crecer y la
ciudad crece más, comenzando ésta a
cubrir terreno agrícola.
Una economía basada en mercados externos y por lo
tanto vulnerable a sus crisis, provocó una fuerte
migración desde sectores mineros hacia diversos centros
urbanos y hacia la capital del país. Unido esto a las
migraciones producto de la crisis del sector agrícola
hizo que Santiago tuviera que acoger en
pocos años un aumento muy significativo
de su población. Entre 1907 y 1930 la población
nacional aumento 1,36 veces, mientras que la de la ciudad de Santiago
aumentaba en 2,14. Entre 1907 y 1970 Chile ve triplicada su
población (3,12), mientras que Santiago crece casi 9 veces
(8,60).
Se conforma, de este modo un nuevo tipo de sector popular, ya
no campesino, ni trabajador nómade, más bien
urbano, obrero o trabajador del sector terciario,
insertándose precariamente en la trama laboral y urbana de
su nuevo mundo.
A principios del siglo el problema de las condiciones de habitabilidad
de este nuevo sector se hizo patente. La ciudad no estaba preparada
para proveer a tal contingente de los equipamientos y
servicios que requería.
Surge la pregunta de si es el Estado o el sector
privado quienes deben solucionar el problema habitacional. Las primeras
iniciativas son privadas, pero a lo largo del
siglo el Estado asumirá su rol, promulgando una
serie de leyes y decretos a traves de los cuales impulsará
la industria de construcción de viviendas populares.
De Ramon (1990) describe dos etapas de ocupación
habitacional dirigido a grupos populares. La primera de ellas
abarca desde la década de 1830 hasta la década de
1940, en la cual existiría un predominio de formas
legales, tales como arriendo de sitios - contrato
llamado arriendo de piso- y, arriendo de cuartos redondos,
piezas en conventillos y piezas en edificios deteriorados. La
segunda etapa, que abarca las décadas del 50 hasta del 70,
estaría marcada por el predominio ocupación
ilegal de terrenos sin contrato previa.
Hasta la década de 1920 el acceso a la vivienda era
predominantemente a través de sistema de arriendo. Pese a
que ya en 1906 se había promulgado la primera ley sobre
habitaciones obreras: la ley N° 1.838,
durante los 20 años de su
vigencia (1906-1925) el Estado no pudo levantar
más de dos poblaciones con un total de 396 casas. Por su
parte la iniciativa privada, acogiendose a los beneficios y garantías
tributarias que dicha ley impuso, construyó otras 3.246 viviendas
durante el mismo período, en especial conventillos y cités en diversas
poblaciones creadas en la ciudad (De Ramón, 1990).
De esta forma se puede afirmar que hasta 1925 los pobres de
la ciudad accedían a la vivienda a través del
arriendo. Tal sistema pierde su rentabilidad el
año 1925, por causa de una gran huelga de arrendatarios -de
8 meses de duración-, motivada por un alza de 100%
en el precio de las viviendas. Este año se inician una serie
de leyes de protección al arrendatario que culminan
sólo en 1975. Otra de las consecuencias de la huelga de
arrendatarios es la promulgación del Decreto Ley 308 que
impulsa la construcción de vivienda obrera. La misma ley
exige bajar el precio de
los arriendos y crea un consejo que solucione los
problemas entre arrendador y arrendatario: los tribunales de
la vivienda. En este momento se termina el negocio de la
construcción de viviendas para arriendo. Desde entonces se
combinan diferentes mecanismos de acceso a tierra y acceso a vivienda
definitiva.
Entre 1925 y 1940 se dictaron nuevas leyes que
pretendían impulsar la construcción de viviendas,
la ley NQ 5.959 de 1936 y la ley N°6.172 de 1937. Sin embargo,
no tuvieron mucho éxito puesto que no lograron satisfacer
una demanda en crecimiento constante (De Ramón, 1990).
Tabla 1: Población en Chile,en la provincia de Santiago y en
la ciudad de Santiago; relación de aumento
Durante la década de 1940, el esquema económico
asumido por el país tendió a aumentar la
producción interna, fomentándose la industria
nacional. De esta forma se crea la Corfo, cuya labor creativa y
propulsora de la industria manufacturera terminó
por dar al proceso de desarrollo urbano características
explosivas (De Ramón, 1990).
Los conventillos, cités y casas alquiladas por
habitaciones separadas fueron incapaces de albergar a toda la masa
migrante que el desarrollo industrial fue capaz de atraer, en especial
si se considera que los particulares habían dejado de
construir este tipo de habitaciones. Por otra parte, la labor
constructora del Estado en 35 años dejó un
balance muy poco positivo, por lo que la única posibilidad
por parte de los sectores populares fue la autoconstrucción
con materiales de deshecho y en sectores que no les
pertenecían. Esto unido a la prolongación y
aumento del transporte urbano, en especial hacia la periferia,
permitió la posibilidad de que surgiesen los primeros
asentamientos humanos que el pueblo bautizó con el nombre de
"callampas" (De Ramón, 1990).
Las oleadas de pobladores provenientes del crecimiento vegetativo de la
ciudad, o compuestas por migrantes, comenzaron a instalarse en terrenos
eriazos y abandonados en diversos sectores de
Santiago. La forma de ocupación de las poblaciones
callampas correspondía a una ocupación espontánea de origen
familiar: llega alguien y se instala en un sitio donde nadie tiene
interés. Luego llega otro familiar o conocido y se instala al lado y
así sucesivamente se va conformando un asentamiento. Una de
sus principales características que la hacen diferente de
los llamados "campamentos", es que la población callampa no
constituyó nunca una solución definitiva. Sus
ocupantes permanecían en estos sitios temporalmente,
mientras encontraban una mejor solución
habitacional. Por el contrario, las tomas de terreno que dieron origen
a los campamentos, tuvieron por parte de sus actores una clara
intención de radicación.
En las poblaciones callampas no hay legalidad en la
ocupación del terreno, así como tampoco hay una
búsqueda de ella. Son asentamientos que se consienten porque
no hacen daño a nadie, concentrando gran cantidad de
población.
En 1952 vivían en callampas unas 75.000 personas, lo cual
significaba el 6,25% del total de la población de Santiago;
catorce años más tarde este número
había ascendido a 201.217 personas, o el 8,05% del total de
los habitantes de la ciudad (De Ramón, 1990).
Tabla 2: N°2 de habitantes en poblaciones callampas y su %
respecto a total población de la ciudad de Santiago
En la década de 1950 la población de la zona
centro de la capital congela su crecimiento, comenzando a crecer la
ciudad hacia la periferia. Hacia finales de esta misma
década surgen las primeras movilizaciones de tomas de
terreno, de las cuales se hablara detenidamente más adelante.
La respuesta por el lado del gobierno surge rápidamente el
año 1958 a través de la promulgación
del DFL2, destinado a fomentar la construcción de viviendas.
Hasta ese año el promedio de viviendas construidas era de 6
mil al año en todo el país. El DFL 2 logra un gran
salto pasando a construir 28 mil viviendas al año.
Lo que se inaugura en los dos últimos años de la
década de 1950 son las poblaciones construidas por el sector
público. De esta forma el Estado se convierte en uno de los
grandes productores de espacios urbanos a través de la
CORVI, la cual plantea dos novedades: por un lado,
producción masiva de viviendas y, por otro
inauguración de un sistema de puntaje que acaba con el
"tráfico de influencias" de la antigua Cooperativa de
Vivienda.
A partir del triunfo electoral del Partido Demócrata
Cristiano, en 1964, se busca darle un impulso más
fuerte a la solución del problema
habitacional a través de un mecanismo intermedio: la
Operación Sitio, que tiene por objetivo masificar el acceso a la
vivienda a través de la entrega de sitios urbanizados de 9 x
18 mts y quedando por cuenta de las familias la posterior
construcción de la vivienda.
Esta Operación Sitio le dio una gran importancia a la
participación popular, fomentándose a
través de la creación de una agencia estatal
llamada "Consejería Nacional de Promoción
Popular", que funcionó en todo el país en el
ámbito urbano.
Durante los 3 gobiemos anteriores, la respuesta del Estado para hacer
frente a la formación de asentamientos
espontáneos fueron básicamente dos: a) continuar
con la construcción de poblaciones que se hacían
por la Caja de Habitación, añadiendo a esta labor
una serie de incentivos a los particulares para promover la
edificación, como lo fue el establecimiento de tributos a
los beneficios para que estos sean invertidos en la actividad
constructora; o, b) erradicar a los habitantes de las "callampas" hacia
otros lugares (De Ramón, 1990:12).
Durante el período que abarca desde 1946 a 1964 los
gobiernos de González Videla, Ibáñez y Alessandri
ejercieron una labor erradicadora. De esta manera se hizo un traslado
masivo de habitantes desde los terrenos donde primitivamente se
habían instalado hacia otros que habían sido
loteados y urbanizados por el Estado, en cuyos sitios se iniciaba la
construcción de viviendas definitivas (De Ramón,
1990).
A diferencia de otras acciones emprendidas por el Estado para hacer
frente al problema de la formación de las callampas, la
Operación Sitio junto con ofrecer una solución al
problema habitacional, impulso la participación de los
beneficiarios. De esta manera fomentó la creación
de juntas de vecinos, centros de madres, clubes deportivos,
cooperativas y otras organizaciones comunitarias, las que pasaron a
regirse por la ley NQ 16.880 dictada a fines de 1968 (De
Ramón, 1990:13).
Durante el gobierno de Frei Montalva se define que la vivienda es un
bien de primera necesidad, al cual tiene derecho toda familia. Se
plantea que el problema habitacional debe ser abordado tanto por los
sectores afectados, como por el Estado. Se crea el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, dejando bajo su dependencia a las entidades
relacionadas y lográndose grandes avances
en materia habitacional.
A principios de la década de 1970, el gobierno de Allende
radicaliza el enfoque de la vivienda declarando que ésta es
un derecho irrenunciable y el estado debe proporcionarla a su pueblo.
Sin embargo, el clima social que llega a extremos de beligerancia hace
terminar el período con el golpe militar de septiembre
de 1973.
LAS TOMAS DE TERRENO COMO
MOVIMIENTO SOCIAL
Un movimiento social es una acción que involucra a un
grupo social, que posee una
identidad y que plantea una lucha reivindicativa.
Todo movimiento social esta orientado al cambio: desea
cambiar el estado de las casas, por lo tanto su dinámica
buscará establecer mecanismos de presión, los
cuales les dará fuerza para negociar.
Los movimientos sociales pueden ubicarse tanto adentro como afuera del
sistema establecido. Pueden pretender cambiar aquellos aspectos del
sistema que les afecta o cambiar el sistema completamente. Un
movimiento social puede transformarse en movimiento politico, toda vez
que pretende alcanzar un lugar en el gobierno
(administración de la polis).
Lo que diferenciara a las tomas de terreno, de otras iniciativas y
que las constituyen como movimiento social
es que estas son producto
de una acción organizada de pobladores,
los cuales se autorreconocen a sí mismos como diferentes de
los "otros".
De este modo están presentes la dimensión
comunitaria de la acción, así como la
dimensión de identidad. Esta acción se realiza en
búsqueda de una reivindicación habitacional,
buscando establecer una negociación directa con el estado y
sus instituciones, asimilándose,de esta forma movimientos
sindicales.
Las tomas de terreno comenzaron a finales de la década de
1950, como movimiento social, pero es sólo hasta finales de
la década de 1960 y principios de la de 1970 en donde su
cariz varia, pasando a ser una fuerte arma de lucha de aquellos
sectores que buscaban cambiar el sistema establecido,
transformándose en movimiento político.
La toma de terreno
por parte de habitantes de
Zanjón de la Aguada, que dio origen a la poblacion La
Victoria, fue un hito especialmente importante en la
constitución de este movimiento social.
El origen del Zanjón de la Aguada, como
población callampa, se remonta a los alrededores de 1945. A
doce años de su formación estaba conformado en
una franja de cinco kilómetros de longitud y 12 metros de
ancho, en donde se hacinaban 35.000 personas, divididas en diez
poblaciones (Espinoza 1987).
Las condiciones de habitabilidad de este
asentamiento eran particularmente insalubres, La presencia del
Zanjón cuyas aguas repletas de deshecho circulaban
a tajo abierto, eran una constante fuente, tanto de
enfermedades, como de emanaciones tóxicas. A pesar
de numerosos años de gestiones y de promesas incumplidas,
para dar una solución definitiva a las condiciones
de habitabilidad de los habitantes del
Zanjón, el año 1957 los pobladores aún
permanecían en el lugar aunque habían
logrado la promesa de que se le asignarían sitios definitivos.
Hechos como el ocurrido en 1947, descrito por Espinoza nos
sirven de antecedentes para entender las acciones de los pobladores
diez años después. "En
un momento el gobierno decidió comenzar a
construir viviendas de emergencia. Se nombraron
comisiones respectivas, se recolectó el material, se
establecieron los mecanismos administrativos del caso, e incluso se dio
la fecha de inicio de las obras (...) En momentos en que el propio
Presidente de la República había llegado al
terreno para dar por iniciadas las obras, funcionarios de la Caja de
Habitación declararon que el terreno era demasiado blando
para la construcción de las casas. Funcionarios de la
municipalidad de San Miguel apoyaron tal aseveracion y manifestaron a
la vez haber planteado el desarrollo de parques y áreas
verdes en el lugar. De esta forma, la visita del Presidente de la
República para inaugurar la construcción
de casas de emergencia desembocó en una "cruel
burla" (Espinoza, 1987:249)
Uno de los mayores problemas
del Zanjón de la Aguada,
así como de otro
tipo de asentamientos similares, los
constituían los incendios. Entre 1947 y 1957
se habían producido unos 19 incendios que
afectaron un total de 600 viviendas (Espinoza,1987).
El año 1957 se produjeron dos incendios
muy seguidos: uno que afectó a 16
viviendas dejando damnificadas a 32 familias
y otro que afectó a doscientas
familias, dos semanas más tarde. Estos incendios
motivaron por un lado, la creación de un
comité de damnificados y, por otro, la
convocación a la realización un cabildo abierto,
planteada por los pobladores a la municipalidad. Tal convocatoria
tenía por finalidad plantear la demanda de
una solución integral al problema habitacional,
invitándose a participar a diversas autoridades comunales,
religiosas y políticas (Espinoza, 1987).
"Asistieron al cabildo alrededor de mil personas, así como
el diputado Mario Palestro, el alcalde y tres regidores de la comuna, y
representantes del Hogar de Cristo. El tenor de la reunión fue la denuncia por los
trámites a los que los habitantes del Zanjón
habían sido sometidos durante largo
tiempo, que expresaban incumplimiento de las promesas de
ubicarlos en otro lugar. En cuanto a las medidas más
concretas, se solicitó aplicar fondos del 2 por ciento
constitucional para catástrofes y un aporte a cada
familia para la reconstrucción de sus
habitaciones. Cada cual, en la medida de sus posibilidades,
ofreció ayuda a los damnificados: el Hogar de Cristo, ropa y
alimentos; el diputado Palestro, una entrevista con el Presidente de la
República" (Espinoza, 1987:250).
Pese a que el gobierno ofreció albergues municipales
mientras se iniciaba la reconstrucción de las viviendas, el
problema habitacional previo al incendio motivó a los
pobladores la demanda de ocupar los terrenos que les tenían
prometidos en Av. La Feria.
De esta forma, con ayuda del municipio, de autoridades
políticas y religiosas, en la madrugada del día
30 de octubre se tomaron los terrenos ubicados en dicha avenida.
"La madrugada del 30 de octubre, pobladores del
Zanjón de la Aguada ocuparon los terrenos de La
Feria. A partir de la una de la madrugada habían comenzado a
desplazarse hacia ellos desde el sitio del incendio, desde la parroquia
o los albergues municipales. En las carretas con las ruedas forradas en
trapo para evitar el ruido, o simplemente cargándolos ellos
mismos, llevaban sus enseres. En bicicleta o a pie se acercaban a los
terrenos. Entre los yuyos comenzaron a ubicarse las primeras familias,
provenientes del sector Monte Carmela; y la gente
continuó llegando. Se calculaba en 1.200 familias el
número hasta el mediodía (...).
A medida que los días avanzaban las cifras se abultaban,
hasta que se llegó a reconocer la presencia de dos mil
familias plegadas a la toma" (Espinoza, 1987:252)
La presencia en la toma del Cardenal José
María Caro y sus posteriores gestiones con el Presidente de
la República fueron determinantes para evitar el inmediato
desalojo y lograr la posterior radicación
definitiva en dichos terrenos.
Los pobladores bautizaron su campamento como "La Victoria",
nombre que conserva hasta nuestros días. Se
inicia, de esta forma, una nueva etapa en la historia de los
pobladores. Lo interesante es que desde este momento se establece un
quiebre en la historia nacional, puesto que se pone un ejemplo de
ocupación de terreno a través de la
movilización social, que como tal, logra
establecer una acción negociadora con el Estado.
Las anteriores experiencias habían degradado mucho la
relación entre los pobladores y las instituciones
estatales. Luego de que el presidente Gabriel
González Videla fuera al zanjón para poner la
primera piedra de un conjunto de viviendas de emergencia y que en el
mismo lugar los ingenieros de la Caja de la Habitación
rechazaran los permisos de construcción, provocó
en lo sucesivo, que los pobladores mantuvieran una
acción autónoma sin engancharse totalmente en una
relación clientelista con los gobiernos, aunque los aparatos
del Estado fueron su interlocutor principal (Dubet et al, 1989).
Frente a una crisis urbana de provisión de condiciones de
habitabilidad aceptables, la lógica que predomina en las
tomas de terreno, como movimiento social, es la de la
reivindicación. Pese a la notoriedad
pública lograda por los participantes de las
tomas, la participación institucional que se manifiesta no
se constituye como el objetivo de las luchas sino que como el medio
para lograr tal reivindicación. (Dubet et al, 1989).
"El apoyo aportado par los partidos, particularmente par los de
izquierda, acompañan el levantamiento de ciertos bloqueos
institucionales, pero ellos no deben hacer creer que se
inscriben en un modelo general de lucha de clases en las que el
'frente' de pobladores se reuniría con los obreros; y aunque
los pobladores mismos son obreros, la lucha
sindical y la de los pobladores permanecen relativamente lejanas"
(Dubet et al: 1989)
Al finalizar la década de 1950, las relaciones entre los
pobladores y el Estado no se inscribían dentro de un tipo de
regulación estable. Las luchas poblacionales aparecen
frecuentemente como conflictos de "instalación"
por medio de los cuales los pobladores se hacen reconocer como
interlocutores.
Sin embargo, la afirmación comunitaria que
acompaña a la reivindicación, siendo su
dimensión expresiva y un importante recurso de la
acción, no es el objetivo de la lucha. Este objetivo lo
constituye la acción reivindicativa en sí misma.
TOMAS DE TERRENO,
EVOLUCIÓN HACIA UN MOVIMIENTO POLÍTICO
Tal como se había señalado previamente, el tipo
de asentamiento establecido en poblaciones callampas, que
sirve de antecedentes para entender el proceso de
tomas de terreno, difieren substancialmente de este último
puesto que fue una solución transitoria, mientras
que las tomas de terrenos, que derivaban en la
formación de campamentos tenían una clara
intención de radicación.
A pesar del deseo de autonomía y voluntarismo de los
pobladores, la acción emprendida pasa inmediatamente a una
negociación con el Estado, ya que es el Estado quien puede
reconocer o rechazar la ocupación de las tierras y
el que, a continuación, puede favorecer o no la
instalación de la población (Dubet,et al,1989).
Muy rápidamente, las relaciones con el
Estado u la administración
municipal son mediadas por los partidos
políticos y diversas organizaciones, como el Hogar
de Cristo.
Durante la década de 1960 y en particular hacia principios
de la de 1970 las tomas de
terreno se fueron intensificando. A modo
de ejemplo en 1971 hubo, en promedio, una toma diaria.
Esta situación la grafica De Ramón
(1990) a partir de datos del Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo, quien declara que en mayo de 1972
existían 275 campamentos censados hasta esa fecha por dicho
Ministerio, todos los cuales formaban un círculo
que rodeaban la ciudad de Santiago por casi todos sus costados,
constituyendo un tipo particular de poblamiento de las periferias.
El territorio ocupado por estos
campamentos abarcaba 2.700 hectáreas con una densidad media
de ocupación de 170 habitantes
por hectárea correspondiendo a un poco menos del
10% del área urbana de la ciudad estimada entonces en 30.000
hectáreas. Estos campamentos contenían 83.000
familias compuestas por unas 456.000 personas, calculadas de
acuerdo al promedio nacional de 5,5 personas por
familia. Es decir, que 1 de cada 6 habitantes del Gran Santiago era
poblador de un campamento, lo que daba como resultado que un 16,3% de
la población de la ciudad vivía en ellos (De
Ramón, 1990).
A lo largo de la
década de 1960 los partidos de izquierda
utilizan a las "tomas de terreno" como mecanismos de
presión.
Cada una de las tomas de terreno desencadenaba una
negociación con el Estado, reproduciéndose las
pautas de negociación sindical.
De esta forma, en los
terrenos en disputa se ponía en marcha o la
Operación Sitio, u otro tipo de solución,
dependiendo del resultado de la negociación.
Pese a que estos partidos pretendían comprender e interpretar a
este movimiento como un proceso de lucha que
culminaría con el fin del "sistema capitalista",
se produce una contradicción toda vez que la supuesta lucha para el
cambio del sistema culminaba con la negociación con el
sistema.
El programa de gobierno de la Democracia Cristiana pretendió
no sólo responder a la crisis habitacional, sino
que realizar una activa política nacional populista,
sin poner en juicio las estructuras de la sociedad chilena.
De esta forma, la política de vivienda debía
mantener la actividad económica, responder a
reivindicaciones urgentes y acrecentar la integración
institucional de los marginados urbanos.
La forma de ocupación de los
sectores más desposeídos de la sociedad, que
tendían a ubicarse hacia la periferia, ya
sea a través de poblaciones callampas,
campamentos o de poblaciones construidas por el
Estado, llevaron a denominarlos "marginales", puesto que estaban "en el
margen", "al margen" de la ciudad, de la sociedad (Castells, 1982). Dentro de esta
lógica se veía necesario lograr la
"integración" de estos sectores a la sociedad. El
programa de "promoción popular" de la Democracia Cristiana
esta al centro de una política de integración y
participación social dirigida
por el Estado. El programa ideológico
asociado a esta política proclamaba las
virtudes de la comunidad popular capaz de llevar a cabo la
autoconstrucción de sus viviendas y la
organización de sus condiciones de vida (Dubet et al, 1989).
Durante los años 60 las luchas de los pobladores
pierden su fuerza reivindicativa autónoma y se mezclan con
la política nacional populista de la
promoción popular.
Este movimiento, vinculado al Estado y dependiente de los
partidos políticos, no se reduce simplemente
al clientelismo debido al considerable desarrollo
de las organizaciones
comunitarias; estas son las que mejoran las
condiciones de vida y contribuyen muy fuertemente a constituir la
identidad colectiva de un actor (Dubet et al, 1989).
Junto con esto, el año 1965 se crea el Ministerio de
Vivienda, el cual, inscrito en una racionalidad
administrativa del manejo de los programas habitacionales
cambió las formas de relación entre el Estado y
los pobladores, desapareciendo organizaciones mediadoras como el Frente
Nacional de la Vivienda.
Las relaciones con los aparatos administrativos fueron
individuales y la asignación de viviendas se hizo sobre la
base de criterios técnicos. De esta forma, la
reivindicación colectiva deberá ser marginalizada
o canalizada políticamente (Dubet et al, 1989).
La magnitud del déficit determine que por importante que sea
el esfuerzo emprendido no logró resolver la crisis
habitacional. Por otra parte, la ideología y las
organizaciones preconizadas por el Estado dieron lugar a
una demanda que la sociedad no podía
absorber.
Sobre esta frustración se insertó la influencia
de los partidos de izquierda que hasta entonces,
habían concentrado sus esfuerzos en el dominio sindical, en
gran medida descuidando la acción comunitaria de
las poblaciones (Vanderchueren 1971a, 1971b en Dubet, 1989)
Con la promoción popular de la Democracia Cristiana la
izquierda no alcanzaba el apoyo de un sector que le
parecía naturalmente adquirido, por lo que
decidió cambiar de estrategia, reconociendo, por un lado las
iniciativas del Gobierno en favor del sector popular, mientras que por
otro, se concentró en radicalizar la acción de
las organizaciones comunitarias y sobre todo de organizar la
acción reivindicativa de quienes no se habían
podido beneficiar con las políticas
públicas (Dubet et al, 1989).
Es en este contexto en donde aparece el nombre de "campamento" asociado
a una carga ideológica paramilitar. "Campamento", como
denominación asociada a la lucha de clases que se estaba
iniciando
Durante el gobierno del Frente Popular las tomas de terreno continuaron
a un ritmo que sobrepasaba cualquier programación o
planificación dictada por el crecimiento urbano y dejando
obsoletos los planos reguladores de las respectivas municipalidades.
Solo la fuerte intervención militar de septiembre de 1973
que culminó con una dictadura, fue capaz de reducir la lucha
reivindicativa habitacional.
REFLEXIONES Y PREGUNTAS A
MODO DE CONCLUSIÓN.
Se ha presentado, a modo de hipótesis, una lectura de los
movimientos populares que en busca de una alternativa habitacional
conmocionaron el escenario nacional durante las décadas de
1960 y 1970. Se plantea que la lucha reivindicativa por la vivienda
moviliza esfuerzos desde diversos sectores de la sociedad
para proveer a los más necesitados de mejores
condiciones de vida.
En general, esta lucha reivindicativa en torno al tema de la vivienda
contribuyó a conformar la identidad de un grupo
particular de la sociedad: los pobladores a generar una conciencia
colectiva de sus inquietudes y necesidades. Los pobladores como grupo,
no se ajustan necesariamente a categorías tradicionales de
análisis. Sin duda muchos de
ellos son trabajadores, pero no necesariamente obreros, siendo que el
empleo del sector se inserta considerablemente en el mercado informal.
La pobreza, la marginalidad podrían ser
categorías de definición, sin embargo,
mas allá de tales condiciones, lo que los une es
la experiencia de una historia en común marcada por una
búsqueda constante de mejores condiciones de vida.
Durante el gobierno militar las acciones populares se vieron
fuertemente coartadas. Sin embargo la crisis económica de la
década de 1980 hizo a los pobladores organizarse en torno a
las inquietudes del momento, constituyéndose una serie de
grupos orientados al consumo, tales como «Comprando
Juntos» o las famosas «Ollas Comunes».
Hoy en día la ausencia de acciones reivindicativas populares
en torno a un tema común nos plantea las siguientes
preguntas: los sectores populares han superado realmente sus
necesidades? o ¿estas permanecen pero la forma de
acceder a ellas es a través de otras vías, tales
como estrategias individuales de acceso al mercado?. La
vivienda ya no es un problema social?. Al respecto, la politica
gubernamental promueve un sistema altamente eficaz en la
provisión de viviendas. Sin embargo, la continua
ubicación en las periferias pobres de la ciudad de tales
viviendas plantea una serie de problematicas a sus nuevos
dueños, tales como distancias excesivas hacia los
lugares de trabajo y educación, lo cual genera problemas
de movilización y también
contaminación. Por otra parte, se ha asociado a los nuevos
conjuntos graves problemas de seguridad ciudadana, generando un
repliegue de las familias hacia el interior de su mundo privado.
En un mundo globalizado, con una
economía orientada hacia mercados externos se ha planteado
que el empleo apunta a cambiar sus caracteristicas,
convirtiéndose crecientemente el empleo tercerizado.
De qué manera afecta esto a las condiciones de los
pobladores y a las necesidades de otro tipo de
educación?.
Los problemas de empleo, contaminación, seguridad ciudadana,
tráfico de drogas, etc, que afectan a los centros urbanos
son comunes a todas las personas de la sociedad, sin embargo los pobres
viven en familias economica y socialmente mas vulnerables.
Los sindicatos, los partidos politicos, la Iglesia y hasta la Escuela
han dejado de ser un
punto de referencia para estes sectores
(Vanderchueren, 1993). En la actualidad las acciones
reivindicativas provienen principalmente desde sectores ambientalistas
y, recientemente de indígenas. Pese a que pueden compartir
intereses en común, ni los unos, ni los otros corresponden a
los pobladores. Una sociedad que busca ser mas democrática
debe establecer canales de comunicación y de
participación de todos los sectores de la sociedad civil.
Aún cuando existen organizaciones populares, al
parecer estas no han adquirido la suficiente fuerza durante
ésta década para autorreflexionar en
torno a su identidad común ni en torno a su
problemática, ni para convertirse en un movimiento social.
Desde aquí el rol que pueden asumir los gobiernos locales,
para estimular la participación autorreflexiva de su
población y para dar cabida a sus inquietudes, es una de los
desafíos pendientes que se plantea para las primeras
décadas del próximo milenio, en virtud de una
mayor profundización democrática, de la
creación de una sociedad mejor y de mejorías en
la calidad de vida urbana
NOTAS
1 El presente artículo surge a partir de una
monografía
del mismo título realizada para aprobar el módulo
Desarrollo Urbano del
Post Título de Especialización en Vivienda Social
dictado por
INVI-FAU-UCH, Santiago, Chile, 1997
2 Socióloga, Académica INVI
3
La estrategia de conquista española se basó
simultaneamente en tres
líneas de acción: a) ignorar o avasallar a las
culturas nativas; b)
implantar un sistema económico, político y social
jerarquizado; y c)
crear una red de ciudades que manifestara la hegemonía del
conquistador. Esta ideología ha permanecido a lo largo de
los años y se
ha acrecentado en su rasgo más característico: la
segregación espacial
y social de la población (Gross, 1990).
4 Los límites que aquí se
refieren son los formales de la ciudad, puesto que las ya formadas
"periferias" no estaban conceptualizadas como pertenecientes a ella. El
presente artículo surge a partir de una monograffa
del mismo título
realizada para aprobar el módulo Desarrollo Urbano del Post
Titulo de
Especialización en Vivienda Social dictado por INVI,
FAU-UCH, Santiago,
Chile, 1997
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