En el contexto de configuración del aparato estatal de la provincia de Buenos Aires en Argentina, la conformación de un organismo oficial específico para proteger las bibliotecas populares de la región significó la emergencia y, a mediano plazo, la afirmación de la cuestión bibliotecaria en la agenda pública del gobierno bonaerense. El presente trabajo pretende examinar la breve existencia de la Comisión de Protección y Fomento creada en 1910 a partir de su composición, su accionar y su inserción en la estructura burocrática provincial, prestando especial atención a las limitaciones que obstaculizaron su desenvolvimiento. Así, se demuestra que la combinación de recursos escasos, conflictos jurisdiccionales, un incipiente desarrollo del saber bibliotecario y la resistencia de las mismas bibliotecas, fueron los factores que condujeron a su disolución en 1913.

La federalización de la ciudad de Buenos Aires en 1880, luego deltriunfo militar del ejército nacional, tuvo consecuencias profundas para la provincia que, a partir de ese momento, se vio privada de su histórica capital. Muchas de sus instituciones –como la universidad, la Sociedad de beneficencia, las escuelas, etc.– debieron ser transferidas a jurisdicción federal, y el gobierno bonaerense tuvo que dotarse de un nuevo centro administrativo y de una nueva estructura legal y burocrática. La fundación de La Plata en 1882 y la sanción de la Constitución reformada en 1889, constituyeron solo el punto de partida del proceso de reestructuración, expansión y especialización del estado provincial. Bajo la hegemonía del autonomismo 1 , el proyecto oficial que la elite dirigente puso en marcha se basaba en la voluntad de extender su autoridad sobre este territorio a través de la ampliación de la administración pública y judicial 2 . Esto requirió de la reorganización de las agencias y organismos existentes, así como de la creación de otros nuevos 3 . Lejos de ser progresiva y lineal, esta transformación del estado bonaerense estuvo en permanente revisión y sufrió innumerables marchas y contramarchas debido al “desajuste entre el diseño institucional de la provincia y los recursos de poder que podían movilizar sus máximas autoridades” 4 .

En ese marco, nuevas “cuestiones” 5 emergieron como consecuencia de las demandas y necesidades de una población cada vez más numerosa 6 y de la consecuente complejización de las relaciones sociales. La educación, requisito para formar una ciudadanía acorde con los valores civilizatorios, ocupó un lugar central en la agenda estatal 7 . Aunque la escuela era el eje de estas políticas públicas, otras instituciones, como las bibliotecas –en especial, las populares–, se consideraban fundamentales para llevar adelante el programa alfabetizador. Este trabajo se propone indagar en una experiencia de organización y centralización de la actividad bibliotecaria provincial que concretó el gobierno bonaerense a partir de la fundación de una Comisión de Protección y Fomento de las Bibliotecas Populares (CPFBsAs) en 1910. Luego de los fracasos de 1874 8 y de 1887, el contexto se presentaba favorable para intentarlo una vez más. En efecto, el restablecimiento de la Ley 419 y de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (CPBP) nacional y la actuación de la Asociación Nacional de Bibliotecas, todo ello en 1908, impulsaron el proceso de regulación y de estructuración de agencias provinciales análogas que completaran el programa de acción estatal. Sin llegar a implementar una política en sentido estricto, este organismo, cuya existencia duró solo tres años, visibilizó y dio entidad institucional a la cuestión bibliotecaria en el territorio bonaerense mediante la promulgación de legislación ad hoc y la puesta en funcionamiento de una repartición pública destinada exclusivamente a su administración.

Esta iniciativa puede comprenderse a partir de la disposición centralizadora que, sobre todo desde principios de siglo, había demostrado el gobierno provincial. Desde 1902, el gobernador autonomista Marcelino Ugarte había acelerado este proceso que, más allá de las discordancias coyunturales, continuaron sus sucesores, Ignacio Irigoyen (1906-1910) y José Inocencio Arias (1910-1912). Fue durante la gestión de este último que se produjo una notable reducción del poder de las municipalidades al reservar al Ejecutivo provincial la potestad de designar a los intendentes, reduciendo así la injerencia de los representantes locales en los comicios. La elite platense en ascenso reforzaba, de este modo, la concentración de la autoridad en sus manos en detrimento de los actores de los niveles intermedios e inferiores del sistema político provincial 9 . El área educativa estaba siguiendo un curso análogo, ya que la modificación realizada en 1905 de la Ley de Educación Común n.º 988 de 1875 había eliminado facultades de los consejos escolares de cada distrito en favor de la Dirección General de Escuelas, mientras se había ido jerarquizando el rol de los inspectores y sus funciones de vigilancia y control 10 . Como afirma Inés Dussel 11 , los pedagogos oficiales respaldaron y legitimaron una intervención estatal creciente, alejándose del modelo que había impulsado Domingo F. Sarmiento y que otorgaba a la sociedad civil amplias responsabilidades en materia educativa.

La organización bibliotecaria, aunque de menores dimensiones, también llevaba la impronta del sanjuanino al fundarse sobre la articulación original entre iniciativa privada y apoyo estatal que constituía el fundamento de las bibliotecas populares. Si en el ámbito escolar, la participación ciudadana se canalizaba a través de los consejos, en el circuito bibliotecario, según la Ley 419 promulgada en 1870, las asociaciones civiles debían ser las encargadas de crear y sostener sus centros de lectura. De acuerdo con ella, el Estado se comprometía a colaborar en su desenvolvimiento mediante el otorgamiento de subsidios y la creación de una Comisión nacional para protegerlas 12 . Mientras estuvo en vigencia, esta norma supuso un estímulo considerable para la actividad y, por lo tanto, su revocación implicó un duro golpe para ella: en 1876, cuando dejó de aplicarse, existían en el país 182 bibliotecas, 42 de ellas en la provincia de Buenos Aires; 18 años más tarde el número total se había reducido a 16 y a 4 en la jurisdicción bonaerense 13 . Esparcidas por la vasta geografía pampeana y sin la ayuda gubernamental, las entidades tuvieron una vida difícil y, en muchas ocasiones, efímera. A pesar de esto, el crecimiento de algunos núcleos urbanos y de los pueblos ligados a la expansión agrícola y ferroviaria 14 permitió que, aun en espacios alejados de la capital, subsistieran, incluso, surgieran algunas bibliotecas populares que requirieron de la ayuda de los vecinos, los municipios y las provincias para sobrevivir 15 .

El gobierno platense respondió a esta situación con sucesivos proyectos de estructuración que, sin embargo, siempre resultaron infructuosos 16 . En 1910, las circunstancias se mostraron favorables para llevar adelante otra tentativa de organización centralizada que, a pesar de fracasar, tuvo un alcance y una duración mayores que los precedentes. Esto se debió a que la estructura burocrática provincial se hallaba para entonces, más claramente definida 17 y a que se estaba conformando en La Plata una elite intelectual y pedagógica ligada a la novel universidad 18 que focalizó sobre el problema bibliotecario y asumió la gestión cultural como parte de sus obligaciones cívicas. En contrapartida, la pervivencia de mecanismos tradicionales de acceso a los cargos, el voluntarismo de la función pública, el incipiente desarrollo del campo bibliotecario, los conflictos interjurisdiccionales, la cultura administrativa de las propias instituciones protegidas y la insuficiencia del presupuesto, convergieron para frustrar la experiencia.

Mediante una variedad de fuentes que incluyen documentos oficiales de los poderes ejecutivo y legislativos bonaerenses –actas de sesiones de las cámaras, presupuestos, compilaciones de leyes y mensajes de los gobernadores–, memorias de la propia Comisión de Fomento, documentación interna de algunas bibliotecas populares y publicaciones de la época, abordaremos, entonces, este problema aún no explorado por la historiografía. En efecto, la historia bibliotecaria de la provincia de Buenos Aires de la primera mitad del siglo XX ha sido objeto de la atención de muy pocos investigadores, entre los que se destacan Marcela Coria, Ayelén Dorta, Ayelén Fiebelkorn, además de nuestras propias contribuciones 19 . En ningún caso se ha analizado específicamente, más allá de algunas menciones, la acción gubernamental en la materia atendiendo a su articulación con el proceso de conformación del estado provincial. Con ese objetivo, proponemos examinar, en primer término, el lugar asignado a las bibliotecas y a su promoción en el presupuesto oficial y a sus variaciones coyunturales; en segundo, la creación y el devenir institucional de la comisión; y, en tercero, sus características y su programa de intervención, deteniéndonos en aquellos conflictos que marcaron los límites de su autoridad.

La evolución del gasto público total de la provincia de Buenos Aires mantuvo un sentido ascendente entre 1885 y 1915, al igual que sus ingresos corrientes 20 . A pesar de ello, es posible observar algunas oscilaciones causadas por crisis nacionales e internacionales que se proyectaron sobre las arcas bonaerenses. En efecto, entre 1891 y 1894 se produjo un retroceso en términos económicos que fue revirtiéndose lentamente en el transcurso de los años posteriores hasta llegar a sus mejores niveles en 1910-1913; luego de esta fecha, y debido, quizás, al desencadenamiento de los conflictos que condujeron a la Primera Guerra Mundial, se produjo un nuevo descenso de gastos e ingresos, los cuales, habiendo alcanzado su punto más bajo en 1918, comenzaron a recuperarse luego del período de recesión de posguerra que tuvo lugar entre 1920 y 1921. Al confrontar esta información con los datos presupuestarios referidos a los fondos invertidos en el fomento de las bibliotecas populares (ver Gráfico 1), encontramos notables paralelismos que parecen confirmar que la disponibilidad de recursos repercutía positivamente sobre el sistema de subvenciones y favorecía el ensayo de creación de instancias administrativas oficiales específicas. Como postula la Ley Wagner, “la actividad del sector gubernamental muestra una importancia creciente a medida que el país se desarrolla” 21 , concretándose en nuevas esferas y agencias de intervención estatal 22 . Así, la acción bibliotecaria del gobierno provincial estuvo ligada de manera estrecha tanto a los ciclos económicos –ante los cuales el régimen de subsidios se mostraba especialmente vulnerable 23 – como al proceso de configuración y consolidación del Estado provincial.

De acuerdo con la línea de tendencia incluida en el Gráfico 1, el presupuesto provincial destinado al apoyo y promoción de las bibliotecas populares en la provincia evidenció un aumento sostenido desde los últimos dos años del siglo XIX y hasta 1914, luego de disuelta la Comisión creada poco antes. En la década del 70, había conocido un período de inusitado crecimiento debido a implementación de medidas de intervención estatal más activas, en consonancia con las políticas nacionales 24 . Sin embargo, hacia 1885, luego de la efectiva cesión de la Biblioteca Pública a la nueva capital federal y de la apertura del Museo y Biblioteca de La Plata, solo tres bibliotecas de la campaña –la de San Fernando, la de Belgrano y la de San José de Flores– recibían un subsidio del gobierno de la provincia que era votado anualmente en el Parlamento. Junto a hospitales, asilos, iglesias, conservatorios y compañías teatrales, las bibliotecas eran tratadas en un inciso especial dedicado a las subvenciones que se hallaba sometido a la disponibilidad financiera y a la discrecionalidad de los representantes.

Entre 1889 y 1891, los guarismos demuestran un nuevo incremento presupuestario en el sector que se debió a un intento renovado de regulación de la administración de las bibliotecas bonaerenses: sería la Biblioteca Pública, separada definitivamente del Museo desde 1887, la encargada de gestionar la asignación de subsidios a las entidades de la campaña. Bajo la dirección de Augusto Belín Sarmiento desde ese año, la Biblioteca Pública pretendió cumplir con el doble objetivo de sostener un espacio de consulta para la población erudita propiciando la cultura científica y de favorecer la instrucción de los sectores populares retomando los principios sarmientinos 25 . Este último propósito se concretó mediante la apertura de una sección circulante destinada al préstamo domiciliario de libros y mediante la creación de una nueva Comisión Protectora de Bibliotecas Populares con alcance provincial (Decreto n.º 143 de 1887). Para Belín Sarmiento el aporte estatal a la causa bibliotecaria debía centrarse en la provisión de “buenas lecturas” y de establecimientos adecuados que reforzaran la educación escolar, sobre todo en las zonas rurales, y que otorgaran una mayor estabilidad a las instituciones fundadas a partir del esfuerzo de los ciudadanos. Además de corresponderse con los lineamientos del pensamiento liberal conservador, el mecanismo de subvención que se mantuvo vigente durante décadas se presentaba como el más factible para un Estado en proceso de organización con fondos limitados. En 1889, aprobada y nombrada la comisión, instalada la Biblioteca platense en la Legislatura y avanzada su organización, se aprobó su primer presupuesto y se comenzó a poner en marcha lo proyectado. La escasez de los fondos asignados y la crisis de 1890, sin embargo, obstaculizaron el desenvolvimiento de la dependencia; los $10 000 pesos reservados a la Comisión Protectora se revelaban insuficientes para atender la actualización y la provisión bibliográfica de todos los municipios, y el carácter vocacional no-rentado de sus miembros confabulaba contra la implementación de una política sostenida 26 . Este plan de colaboración estatal –acotado, de hecho, al envío irregular de libros– culminó con el alejamiento de Belín Sarmiento de la dirección del organismo oficial y no fue retomado hasta fines de la primeradécada del siglo siguiente.

Si en la segunda mitad de los años 80, instituir “bibliotecas públicas en distintas localidades de la Provincia no se trataba siquiera de una opción para ningún funcionario público ni formaba parte del imaginario social de la época” 27 , otras opiniones levemente disidentes se hicieron sentir en los ámbitos oficiales a fines de los 90. Carlos Lemée, funcionario de Instrucción Pública y del Ministerio de Obras Públicas, editó en 1898 La Escuela y la Biblioteca en la Provincia de Buenos Aires y allí sostuvo que “si, como es de esperarse, los Gobiernos sostienen la creación de las Bibliotecas públicas de la campaña […], la Biblioteca de La Plata adquirirá como casa matriz de esas 96 sucursales, una importancia que no tiene ninguna otra biblioteca hoy y vendrá a ser después de la Dirección de Escuelas, la palanca más poderosa de progreso de la Provincia” 28 . Su propuesta de instalación de bibliotecas de campaña en las municipalidades de cada uno de los partidos bonaerenses, se fundaba sobre el diagnóstico del fracaso de las bibliotecas populares en el interior de la provincia a causa de los conflictos administrativos, la dispersión de la población rural, la falta de locales independientes y la desactualización y la inutilidad del material que componía los catálogos en relación con los intereses de los pobladores. Para el autor, a diferencia de las ciudades, el público rural no contaba “con el tiempo ni la preparación suficiente” para gozar de la lectura amena; esta solo podría ser disfrutada por generaciones posteriores que ya hubieran transitado por las aulas. Entretanto, decía, las Bibliotecas Rurales tenían que ser creadas por el Estado provincial y sostenidas y administradas por las Municipalidades, en cuyas sedes funcionarían. Este plan de centralización, aunque impulsado por su propia iniciativa en 1897, no encontró eco en las autoridades que continuaron recurriendo al sistema de subvenciones para responder a una demanda cada vez mayor. Entre esa fecha y 1907, en esa sección, el número de bibliotecas populares aumentó de 2 a 18 y el dinero del presupuesto destinado a protegerlas se incrementó de $ 4800 a $ 25 200 anuales.

Las circunstancias cambiaron de manera rotunda luego de ese momento, debido tanto a las medidas sectoriales aplicadas por el gobierno nacional como al desarrollo mismo del circuito bibliotecario. La reactivación de la Ley 419 resuelta en el Primer Congreso de Bibliotecas Argentinas de 1908 y su aprobación por parte del Ejecutivo nacional, instituyeron nuevas condiciones para el desenvolvimiento bibliotecario del país que se proyectó desde la capital hacia las provincias, sobre todo a partir de la acción de la novel Asociación Nacional de Bibliotecas. A imagen de la Nación, la provincia de Buenos Aires volvió a constituir su propia comisión protectora en una nueva tentativa de institucionalización que implicó un desembolso más significativo de recursos estatales. Esta situación no fue, sin embargo, definitiva; en 1913 el organismo se disolvió y sus facultades se trasladaron al Ministerio de Gobierno a la par que los fondos invertidos sufrían un descenso brusco del 70%. No sería hasta 1938 que la Ley Provincial 4688 instauraría otra vez una dependencia específica para administrar las bibliotecas bonaerenses –la Dirección General de Bibliotecas– que, además, no comenzaría a funcionar con regularidad hasta fines de la década de 1940 29 .

En abril de 1909, la Dirección General de Escuelas había concretado un primer intento de organización de una Comisión de Fomento de Bibliotecas Populares bajo la presidencia del ministro de Gobierno Emilio Carranza 30 . Esta repartición debía administrar y reglamentar las subvenciones destinadas a las bibliotecas, formular reglamentos modelo para ellas, difundir en ese circuito la actividad bibliográfica del país, estimular su creación mediante acciones de propaganda y llevar adelante el registro estadístico de su movimiento de obras y lectores. Poco menos de un año después, sin embargo, la iniciativa quedó trunca y el Poder Ejecutivo decidió tomar directamente a su cargo la cuestión. Fue así que el 28 de enero de 1910 emitió un decreto firmado por el gobernador conservador Ignacio D. Irigoyen y el mismo Carranza, por el cual se resolvía la creación de la Comisión Protectora y de Fomento de Bibliotecas Populares de la provincia de Buenos Aires. Su finalidad era invertir las sumas que el presupuesto general destinaba anualmente a dichas entidades. Según el documento, el Estado tenía la obligación de propender al desarrollo de la cultura general y, por este motivo, asumía la responsabilidad de instituir un organismo para tal fin, fijando sus atribuciones, su composición 31 y sus mecanismos de constitución y ordenando sus bases financieras. Cabe destacar que, a diferencia de lo establecido por la reglamentación nacional, la provincia otorgaba a la nueva dependencia la potestad de crear bibliotecas populares, tanto como la de contribuir al progreso de las existentes mediante la difusión de “libros útiles”, la promoción lectora y la divulgación de movimiento bibliográfico de la Argentina.

El plan de acción presentado el 10 de febrero por Arturo Condomí Alcorta y Domingo de Oro –miembros de la Comisión y, a la sazón, secretario y director de la Biblioteca Pedagógica de la Dirección General de Escuelas, respectivamente–, recalcaba, en primer lugar, la urgencia de realizar un diagnóstico del estado de las bibliotecas bonaerenses, atendiendo a su número y clase y a la calidad de sus fondos bibliográficos con el objetivo de unificar criterios de clasificación de las entidades y de distribución equitativa del material. El reparto de las subvenciones se haría a pedido de las interesadas y en función de nuevas categorías determinadas de acuerdo a la importancia o la especialidad de las bibliotecas, pero, dado que “la eficacia de este recurso es aleatoria” 32 , los subsidios monetarios se reducirían al mínimo y se priorizaría la ayuda centrada en la ampliación de los acervos. En segundo lugar, el documento detallaba los requisitos que debían respetar las entidades protegidas: envío de catálogos, salones de lectura abiertos diariamente, remisión regular de registros estadísticos e inversión de subvenciones solo en la adquisición de libros. La disponibilidad pública y la información institucional eran las contraprestaciones que exigía el Estado a cambio de su apoyo pecuniario; de esta manera, a la vez que estimulaba la expansión educativa, reforzaba la racionalización y la centralización administrativas del sistema bibliotecario provincial.

A pesar de lo ambicioso de su programa y del vigor que denotan sus memorias, lo cierto es que la existencia de la CPFBsAs fue corta a causa, probablemente, de la escasez de recursos que se vio profundizada ante la inminencia de la Gran Guerra y que condujo a la renuncia de todos sus integrantes, excepto Jacob Larrain, su presidente. En efecto, el 17 de julio de 1913 fue disuelta y sus funciones se traspasaron al Ministerio de Gobierno –en ese momento, a cargo de Francisco Uriburu– por intermedio de la figura de inspector de Bibliotecas recientemente incluida en la Ley de Presupuesto. Estas transformaciones significaron, de hecho, una retracción considerable de la acción estatal bibliotecaria de la provincia que recurrió en busca de ayuda al gobierno nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, de la Legislatura y de la CPBP presidida por Miguel F. Rodríguez, la cual, al contrario de su par bonaerense y, a pesar de la crisis imperante, comenzó su período de expansión en 1914 33 . Fue ella la que se fue consolidando como la fuente principal de recursos estatales de las bibliotecas populares de la región 34 .

La creación, reglamentación y puesta en funcionamiento de un organismo específico dedicado a regular el sistema de bibliotecas populares bonaerenses constituyó, sin dudas, un hito en el proceso de emergencia y reconocimiento de la “cuestión” bibliotecaria. Lejos de ser un episodio aislado, esta cristalización burocrática formaba parte del proceso de crecimiento y complejización de la administración pública federal y bonaerense que se había intensificado después de la crisis de 1890 35 . Sin embargo, a diferencia de otras áreas, el desarrollo y la profesionalización de la disciplina bibliotecológica era aún embrionario. Como señala Javier Planas, recién hacia el Centenario y a medida que se incrementaba el número de bibliotecas en el país, se empezó a afianzar una lógica de producción del conocimiento en la materia con rasgos más pronunciados de sistematicidad, organicidad y especialización 36 . Si bien en este “período preprofesional” se dictó el primer curso de enseñanza de la Bibliotecología en la Universidad de Buenos Aires, se formó la Asociación Nacional de Bibliotecas y se organizaron los primeros eventos académicos de especialistas y oficinas bibliográficas, recién en la década del treinta y, sobre todo, en la del cuarenta se consolidaría la formación bibliotecaria mediante la inauguración de instituciones específicas 37 .

Pese a estos avances hacia la consolidación de una “disposición bibliotecológica” 38 y profesional, la composición de los cuerpos directivos de la CPFBsAs demuestra la persistencia de atributos discordantes respecto de los que la teoría sociológica clásica atribuye a los cuadros administrativo-burocráticos de un Estado moderno 39 .En efecto, la ausencia de calificación especial 40 , de retribución monetaria, de exclusividad en el cargo y de mecanismos democráticos y objetivos de acceso, se sostienen sobre una concepción voluntarista, antes que laboral, del funcionariado. El compromiso desinteresado con los asuntos públicos, considerado como parte de las obligaciones cívicas que se atribuía a los grupos letrados de la época, adquiría una especial relevancia en el contexto platense donde se estaba configurando una nueva elite provincial ligada a la universidad y a la administración estatal 41. Sin embargo, esta exigencia ética de participación no remunerada sobre una población calificada relativamente reducida redundaba en una multiplicidad de cargas que no siempre podían ser desempeñadas con igual eficacia. De este modo, la continuidad y la regularidad de la acción del organismo dependían más del empeño y la disponibilidad individuales que de estructuras y procedimientos firmes.

Esta representación de la labor burocrática convergió con otros factores para impedir la concreción y la continuidad del programa de la comisión. En particular, fueron los condicionantes impuestos por un presupuesto escaso que no alcanzaba a cubrir las necesidades de su jurisdicción los que marcaron su fortuna. Hacia 1911 la provincia contaba con 92 bibliotecas populares (12 de origen escolar), la mayoría de ellas ubicadas en la cabeza de cada distrito, y un año después con 103. A pesar de este aumento, solo entre 30 y 40 de ellas obtuvieron la protección plena de la provincia, haciéndose acreedoras de las subvenciones 42 . El resto, aun cuando cumpliera con los requisitos establecidos por la ley, solo fue auxiliado mediante la cesión de material bibliográfico o de subsidios extraordinarios para solventar urgencias puntuales (Gráfico 2).

La carestía de fondos, que se sumaba al atraso endémico en los pagos, incluso, a la reducción inexplicable de las partidas, confabulaba contra la puesta en marcha de proyectos como el de las bibliotecas viajeras o el boletín bibliográfico, y se traducía en la carencia de personal administrativo para cumplir las tareas reglamentarias. Esto último repercutió, principalmente, sobre las posibilidades de hacer efectivos los mecanismos de control e inspección que la misma Comisión imponía a las beneficiarias. Si el envío de formularios y el reclamo individual de documentación permitían, al menos parcialmente, recabar información sobre el estado de las instituciones, la falta de inspectores que las visitaran con regularidad impedía supervisar su funcionamiento real. La inspección, instrumento clave para la afirmación de la autoridad estatal, reposaba en una única persona, el secretario, que tenía a su cargo la totalidad del vasto territorio de la provincia 43 . La imposibilidad de recorrer esta extensión para observar cada una de las bibliotecas, sumada a la insuficiencia del presupuesto para costear los viajes de visita 44 , implicó que, en la práctica, la vigilancia se ejerciera solo en la ciudad de La Plata y en las zonas aledañas mientras que en el interior bonaerense el devenir bibliotecario quedaba bajo el control de las fuerzas locales.

En esos casos, sobre todo, el envío de la información solicitada se volvía fundamental para verificar la marcha institucional. Las bibliotecas, sin embargo, se mostraban especialmente reticentes ante estos requerimientos, ya fuera por la ausencia de registros estadísticos propios provocada por la precariedad y la falta de formación técnica de los bibliotecarios, o bien, por la voluntad explícita de defender su autonomía. Esta resistencia al escrutinio oficial se revelaba, también, al momento de presentar los balances y las rendiciones de cuentas cuya aprobación era condición para seguir recibiendo los subsidios. Ello motivó el envío de notas de reconvención y de advertencia, el ajuste de la normativa y la tentativa de implementar sanciones más rigurosas que, no obstante, no modificaron la situación. Tal es así que, en el Decreto del 13 de noviembre de 1914, se incluyó finalmente un artículo según el que la Inspección de Bibliotecas no podría acceder al pedido de protección de ninguna biblioteca que se hallase en mora respecto de la rendición anual 45 .

A pesar de la disolución de la comisión y los obstáculos que encontró en su desenvolvimiento, lo cierto es que su acción operó, a mediano plazo, como factor de normalización del funcionamiento de las bibliotecas bonaerense de acuerdo con pautas modernas y unificadas. En efecto, la obtención de un subsidio oficial era el acicate para dar inicio a la recopilación y sistematización de datos y para la organización del propio archivo burocrático a cargo de un empleado o de un miembro de la asociación que no solía con formación específica para ello. Así, por ejemplo, las actas demuestran que la Biblioteca Sarmiento de Tres Arroyos fundada en 1897 recién en 1926 encaró la regularización de sus registros por iniciativa del bibliotecario, quien se sintió en la necesidad de recalcar ante la comisión directiva que

Los formularios ahorran palabras, revelan orden, facilitan las operaciones estadísticas y son indispensables para comprobar el movimiento en la institución ante aquellas dependencias oficiales ó casas particulares –sociedades, empresas, etc.– que favorecen con subsidios, piden informes, inspeccionan, ó se les solicita cualquier apoyo 46 .

Y no se trataba de una excepción: otras instituciones en los confines del territorio, como la Biblioteca Sarmiento de Coronel Suárez o la Rivadavia de Bahía Blanca, inauguradas en 1915 y 1882 respectivamente, fueron ordenando sus balances, inventarios, fichas y catálogos según los modelos propuestos a fin de obtener el reconocimiento y la ayuda gubernamentales.

La lucha por los recursos dejó en evidencia que la estructura estatal, provincial y nacional, distaba de ser orgánica, coherente y armónica. La creación de reparticiones gubernamentales y la definición de funciones y jerarquías entre ellas fueron motivo de disputas durante esta etapa de configuración del Estado que se concretaron en “un caótico entrecruzamiento de jurisdicciones políticas y burocráticas” 47 . Como han señalado tanto Luciano Barandiarán y Valeria D’Agostino como Noelia Fernández 48 , la refundación del Estado bonaerense en 1880 exigió la organización de dependencias, organismos y herramientas que efectivizaran su presencia, cada vez mayor, en la vida diaria de la población. El ordenamiento ministerial –responsable, junto con el gobernador, de la gestión administrativa– se fue complejizando a partir de la Ley especial 1770 que sumaba el Ministerio de Obras Públicas a los ya existentes de Gobierno y de Hacienda. Además, en 1873 se había instituido la Dirección General de Escuelas cuya cabeza era también designada directamente por el Ejecutivo.

En este contexto, la atención de las bibliotecas populares fue mudando de jurisdicción de acuerdo con las transformaciones que se fueron operando en el período: así, desde 1887 y 1905 estuvieron bajo control de la Biblioteca Pública y, por su intermedio, del Ministerio de Gobierno, pero, ante la nacionalización de la Universidad de La Plata en esa última fecha, quedaron a cargo de la administración escolar. En 1910, la nueva Comisión centralizó la actividad bibliotecaria de la provincia; aunque, según la legislación, esta institución dependía de forma directa del mencionado ministerio, en los hechos, la Dirección de Escuelas –en cuya sede funcionaba– actuaba como mediadora entre ella y el Tesoro y se encargaba de la recepción y distribución de los subsidios votados por la Legislatura. La imprecisión de las fronteras burocráticas se evidenciaba en la circulación y el intercambio de servicios entre las reparticiones: frente a la carencia de inspectores de bibliotecas, por ejemplo, se solicitó la participación de sus pares escolares para efectuar el control de las entidades protegidas. Esto, además de subordinar el sistema bibliotecario al educativo, alimentaba la confusión entre competencias y vías administrativas que se manifestaba, sobre todo, en circunstancias conflictivas como el incumplimiento en la entrega de fondos que, en 1912, motivó el reclamo de Larrain ante las autoridades de la mentada Dirección y la suspensión momentánea de los subsidios destinados a las bibliotecas dependientes de ella.

Para las bibliotecas populares bonaerenses el panorama era aún más complejo ya que a las Cámaras, el Ministerio, la Dirección y la Comisión se sumaban otras instancias de control, como la Inspección de sociedades jurídicas o la Dirección General de Estadísticas, ante las cuales debían rendir cuentas. Por otra parte, la escasez endémica de dinero las conducía a solicitar la ayuda de todas las instancias disponibles –fuera municipales, provinciales o nacionales–con el resultante de que mientras las más antiguas, sólidas y regulares de entre ellas recibían múltiples contribuciones, las más precarias no solían beneficiarse de ninguna. Este solapamiento fue percibido por el inspector de bibliotecas en 1914 quien solicitó a la Comisión Nacional una nómina de las entidades subvencionadas para excluirlas de su propio presupuesto, al igual que aquellas que recibían ayuda de los municipios. Esto supuso una concentración de los subsidios bonaerenses en la zona norte de la provincia, en especial, en la ciudad de La Plata, donde, ligadas al crecimiento urbano, bibliotecas y asociaciones se estaban multiplicando de manera exponencial 49 . Podemos conjeturar que su fundación reciente y que la insuficiencia del gobierno local para responder a las demandas de todas, eran las causas principales de que fueran las favorecidas por la Inspección. Igualmente, no se puede ignorar que su ubicación en la capital inclinaba el favor de los legisladores que, como se observa en las actas de sesiones de la Cámara de Diputados 50 , solían apoyar los pedidos de personas e instituciones que conocían de primera mano.

A pesar de la comunidad de fines –o, tal vez, por eso– la relación entre la Comisión provincial y la nacional estuvo cargada de suspicacias. En gran medida, ello se originaba en las tensiones generadas a partir de la preocupación de la primera por sostener la autonomía provincial y su necesidad permanente de recurrir a las mejor provistas arcas federales. Así lo testimonia el intercambio epistolar que mantuvieron ambas instituciones en 1911 cuando, apremiado por la carencia de fondos, Larrain solicitó el auxilio del organismo encabezado entonces por Juan A. Bibiloni 51 . Allí proponía que la CPBP adquiriera los libros que necesitaba la provincia para distribuir entre las entidades a su cargo, entregándole para ello “la mitad del valor efectivo de cada factura, á condición de recibir en libros el doble de dicho valor” 52 . En pocas palabras, se posicionaba como intermediaria entre las bibliotecas y el organismo dirigido por Bibiloni al cual sustraía las funciones de selección de beneficiarias y de fiscalización. La inquietud fue sometida a discusión en las sesiones de la Comisión nacional a fines de mayo de ese año donde se argumentó que

la Comisión no puede eximirse en ningún caso de intervenir directamente en las instituciones ó establecimientos que beneficien de los recursos que administra, sobre cuya inversión tiene por la ley un contralor inmediato, intervención que solo estaría dificultada por cualquier comisión interpósita como la que solicita el Dr. Larrain para la provincia de Buenos Aires 53 .

A pesar de esto, no satisfecho con la resolución, Larrain acudió en persona a reiterar su solicitud en el mes de junio, recibiendo la misma respuesta: la ley estaba destinada a estimular las iniciativas privadas y no los organismos provinciales, por lo que las bibliotecas que recibieran beneficios de la CPBP debían mantener relaciones directas con ella 54 . Debemos suponer que esto tampoco satisfizo al presidente bonaerense porque, en 1912, el director interino de la Comisión nacional, Horacio G. Piñero, envió una carta formal reafirmando que, como agente del gobierno federal, esta entidad debía mantener el control sobre la asignación y el destino de sus fondos y cuidar de “su inversión por la revisión de las cuentas, tarea de la que no puede eximirse delegándola en terceros que no admiten las disposiciones que nos rigen” 55 . La CPFBsAs quedaba, así, librada a su suerte que, como anunciamos más arriba, le fue ciertamente adversa, conduciéndola a la disolución.

Los problemas entre ambas entidades que visibilizó este episodio formaron parte de las discusiones que se produjeron en este período a propósito de las jurisdicciones correspondientes a las agencias federales y provinciales que afectaron en especial a algunas áreas como la educación y el trabajo 56 . En este caso, la provincia se hallaba poco dispuesta a ceder las prerrogativas sobre su territorio, pero, acicateada por la penuria económica, se veía en la necesidad de recurrir a la nación en busca de capitales. Desde la federalización, las relaciones entre el gobierno bonaerense y el central habían estado plagadas de tensiones que habían tenido su punto álgido en el conflicto protagonizado por la figura fuerte del exgobernador Marcelino Ugarte y el presidente José Figueroa Alcorta en 1908, pero que continuó emergiendo con frecuencia. Durante estos años, la conformación de un estado poderoso y centralizado, capaz de ejercer un control exhaustivo sobre los habitantes, constituyó el objetivo de las elites dirigentes platenses 57 y orientó la configuración de estructuras burocráticas que replicaran a las nacionales. Se trata de uno de los casos de imitación y circulación de modelos de políticas públicas que menciona María José Ortiz Bergia 58 , aunque planteado en un sentido inverso al que se produjo, por ejemplo, con la Ley de Educación de 1875. Si la coincidencia de fines y de alcance geográfico volvía inevitables las superposiciones, la disparidad de capacidades financieras y administrativas jugaba en favor del organismo central, debilitando al bonaerense que se mostraba impotente para cumplir con las obligaciones adquiridas.

La Comisión de Protección y Fomento de las Bibliotecas Populares de la provincia de Buenos Aires, creada en 1910, constituyó un hito en la emergencia y en la consolidación de la “cuestión” bibliotecaria en la agenda gubernamental bonaerense. Aunque no se trataba de la primera vez que la provincia intentaba regular el sector, la duración de esta experiencia y su pretensión autonómica le otorgaron un mayor alcance a su accionar. En efecto, además de aportar al conocimiento estadístico de las bibliotecas populares bajo su jurisdicción, el organismo contribuyó a normalizar y modernizar el funcionamiento de estas instituciones, tanto ofreciendo modelos de organización y beneficios económicos y simbólicos para quienes se adecuaran a los requerimientos pautados, como mediante la implementación de sanciones y de mecanismos de fiscalización. De esta manera y superadas las resistencias iniciales, la posibilidad de obtener una subvención estatal para aliviar los generalmente exiguos fondos societarios operaba como acicate para que las bibliotecas tramitaran la personería jurídica, ordenaran sus finanzas y sus registros, regularizaran sus horarios de atención y avanzaran en la uniformización de los sistemas de clasificación de sus catálogos. Por otra parte, en el marco de un desarrollo muy incipiente de la disciplina bibliotecológica y de ausencia de espacios de formación técnica, la instauración de esta agencia gubernamental coadyuvó a visibilizar las problemáticas específicas que aquejaban a las bibliotecas, diferenciándolas de las del sistema escolar a las que habían estado históricamente ligadas. Asimismo, la participación de intelectuales y profesionales de la novel elite letrada platense en el consejo directivo del organismo se convirtió en un capital simbólico relevante para la configuración de una burocracia especializada con créditos suficientes para intervenir en las instituciones oficiales del área y formar parte de la construcción de un saber teórico-práctico sobre el hacer bibliotecario.

Más allá de sus efectos a mediano plazo, la Comisión de 1910 debió enfrentar múltiples obstáculos que limitaron su proyección y la realización de su programa inicial. La asignación de un presupuesto escueto y sometido a los vaivenes de la economía provincial en un período de marcada inestabilidad fue, sin dudas, el principal problema que dificultó la tarea de protección y fomento de las entidades bonaerenses, imposibilitando, no solo el cumplimiento del cronograma de subvenciones, sino, incluso, la efectivización de los procedimientos de inspección. Del mismo modo, la concepción voluntarista de la función pública y la falta de personal con conocimientos específicos para gestionar el área confabularon contra la continuidad y la estabilidad de la repartición. No menores fueron, en este contexto de conformación de los aparatos estatales federal y provincial, los conflictos interjurisdiccionales que la opusieron tanto a otras dependencias bonaerenses como a organismos nacionales. Si en el primer caso, se trataba de una cuestión de autonomía financiera respecto de la administración escolar, en el segundo, la desavenencia se fundaba sobre la superposición de competencias en un territorio que la instancia provincial reivindicaba como sujeto a su injerencia. La voluntad de afianzar su autoridad y cimentar una unidad política diferenciada luego de la federalización de Buenos Aires, acentuada por las tendencias centralizadoras de principios de siglo, estuvo en el origen de la creación de la comisión, así como en el de las tensiones que atravesaron sus relaciones con la CPBP.

Centrado en la existencia efímera de un ente gubernamental provincial dedicado a la regulación de las bibliotecas populares, este trabajo aporta a la reflexión en torno a los procesos de conformación del Estado en Argentina desde una perspectiva que subraya su carácter no lineal, multidimensional y pleno de contradicciones. La configuración de las instituciones y de las políticas públicas de la cultura se presenta, de esta manera, como nodo de convergencia de las transformaciones administrativas, económicas y sociales, y de las específicas ligadas a las prácticas y a los saberes bibliotecológicos, a su modernización y a su profesionalización.